Puebla fue el estado con más violencia política en las campañas electorales, ya que se registraron 15 casos, 14 denunciados penalmente. Las agresiones fueron psicológicas, verbales, así como simbólicas, y se cometieron en redes sociales, así como en medios de comunicación.
Así lo evidenció la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (Amcee) en su “Radiografía de la Violencia Política de Género en los Estados”, donde la entidad poblana destaca en el primer lugar, seguida de Coahuila, con 11 casos y Colima, con ocho.
El informe hecho en colaboración con las consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) señala que la etapa más violenta para las candidatas a cargos locales fue del 1 al 15 de junio, ya que en Puebla se perpetraron diez agresiones.
La quincena anterior (del 15 al 30 de mayo), se registraron cuatro, mientras que del inicio de la campaña (29 de abril) al 14 de mayo sólo hubo un caso.
De los 15 casos, sólo uno se atribuye a una candidata a presidenta municipal y el resto se encuentran como “indeterminados”, por lo que no se sabe a qué cargo aspiraban las víctimas.
Si bien en Puebla se contabilizaron más agresiones, todas fueron “leves”, ya que las agraviadas coincidieron en que solo recibieron ofensas, sin embargo, en otros estados hubo casos de extorsión, amenazas para obligarlas a renunciar a la candidatura, ofrecimiento de dinero, daño a su patrimonio e incluso violencia física.
En Tabasco y Querétaro, por ejemplo, se presentó un reporte de cada tipo de agresión, mientras que en Oaxaca hubo cinco víctimas de amenazas y en Durango tres de violencia física.
A nivel nacional se contabilizaron 115 denuncias, de las cuales 62 fueron ofensas, 19 amenazas, 12 agresiones físicas, ocho por daño al patrimonio, ocho por razón “indeterminada” tres por extorsión y tres por presión para renunciar a la candidatura.
Los estados que menos casos registraron fueron Aguascalientes, Chiapas y Veracruz, con dos, así como Hidalgo y Sonora con un reporte.
En Puebla, las denuncias se presentaron por las propias agraviadas en el Instituto Electoral del Estado (IEE) o el propio organismo las contactó tras enterarse de sus quejas en redes sociales o medios de comunicación.
De acuerdo con la radiografía, luego de tener conocimiento de los hechos, el IEE otorgó asesoría a las víctimas para denunciar penalmente, aunque al final una decidió no hacerlo de todos modos.
Viene a colación que actualmente la entidad poblana es una de las 12 donde la violencia política de género no es un delito, ya que en el Congreso del estado han sido ignoradas las iniciativas para tipificarla como tal.