En el Congreso de Puebla se propuso una reforma para frenar la multiplicación “desmedida” de notarías, a fin de que solo haya una por cada 50 mil habitantes de la población económicamente activa pues, actualmente, la instalación solo la decreta el gobernador.
La iniciativa busca establecer requisitos mínimos para colocar una notaría, ya que se ha acusado que estos organismos han sido utilizados en el último sexenio como pago de favores a exfuncionarios o una opción de retiro para políticos que se vieron envueltos en escándalos.
La propuesta presentada en la sesión pública del miércoles propone reformar el artículo 23 de la Ley Estatal del Notariado y derogar el 24, fijando condiciones que los futuros gobernadores estarían obligados a acatar antes de decidir otorgar otra notaría.
El artículo 23 de la ley actual señala: “habrá una notaría pública por cada cincuenta mil habitantes por distrito judicial, de conformidad con los censos poblacionales realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía” (sic).
Al respecto se debe señalar que solo se pone como mínimo la cantidad poblacional, sin importar si en ella predominan los menores de edad.
La iniciativa de la diputada priista Rocío García Olmedo propone un “candado” para regular la multiplicación de las notarías, pues plantea que solo haya “una notaría pública por cada cincuenta mil habitantes de la población económicamente activos de conformidad con los censos poblacionales”.
Se regula multiplicidad
Esto reduce considerablemente el universo poblacional, pues de aprobarse la ley, solo habrá un notario por cada 50 mil personas en edad de trabajar, que es el sector para quienes están dirigidos los servicios de estas instituciones.
Asimismo, la legisladora pide eliminar el artículo 24 que actualmente otorga al gobernador la facultad de crear cuantas notarías considere necesarias, incluso, sin que se cumpla con los 50 mil habitantes si la zona donde la pretende instalar lo exige por ser de alta plusvalía.
Esto porque dice: “sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior (el 23), el titular del poder Ejecutivo del estado podrá determinar la distribución y crear el número de notarías públicas que considere necesarias, atendiendo a los siguientes factores: población beneficiada y tendencias de su crecimiento; condiciones socioeconómicas de la población del lugar propuesto como sede; la dispersión poblacional y la dificultad de acceder al servicio por las condiciones geográficas; y considerable y notable desarrollo económico”.
Como este último párrafo permite a los gobernadores instalar notarías sin que se cumpla con el requisito poblacional argumentando que la zona lo demanda, por lo que García Olmedo propuso eliminarlo y trasladar parte de su redacción al artículo 23.
Ahora quedaría así: “habrá una notaría pública por cada cincuenta mil habitantes de la población económicamente activos de conformidad con los censos poblacionales (…) en consecuencia, el Ejecutivo del estado podrá crear el número de notarías que se requieran en cada distrito judicial de acuerdo con lo establecido en este artículo, tomando en consideración: población beneficiada y tendencias de su crecimiento; estimaciones sobre las necesidades notariales de la población; y condiciones socioeconómicas de la población del lugar propuesto como residencia”.
De esta manera se hace obligatorio el mínimo poblacional de 50 mil habitantes, pero solo tomando en cuenta los de la población económicamente activa, con lo cual se pondrá freno a multiplicación discrecional de las notarías.
Antes de concluir su sexenio, el exgobernador Rafael Moreno Valle decretó la creación de 29 notarías, mismas que entregó a sus principales operadores políticos, que le ayudaron en el proceso electoral de 2016 y de cara al de 2018, pues ya se planeaba que su esposa, Martha Erika Alonso Hidalgo, competiría por la gubernatura.
Se acusó que las patentes de notario fueron dadas a discreción, sin saber si los beneficiados cumplieron los requisitos que exige la ley, además de que se creó la figura de “auxiliar”, personajes que fungen como suplentes de los notarios, aunque los nombramientos también se concretaron en la opacidad.