Durante el enfrentamiento entre huachicoleros y militares en Palmarito Tochapan, ocurrido el 3 de mayo de 2017, con un saldo de 10 muertos, efectivos de la SSP de Puebla y la Sedena cometieron “violaciones graves” a los derechos de al menos 16 personas.
Así lo señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de la recomendación 12VG/2018, donde refiere que, tras una investigación propia, acreditó que militares y policías estatales participaron en la ejecución arbitraria de dos personas.
Una de estas muertes –vale recordar– fue captada en video, donde se ve a un soldado disparar a la cabeza de un hombre, pese a que éste está bocabajo y desarmado.
Acusó también el trato cruel contra 12 civiles, incluidos tres menores de edad, y la detención arbitraria de 2 infantes, así como la manipularon de un cadáver y la colocación de armas largas que se relacionaron con dos fallecidos.
En este sentido, indicó que tanto elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incurrieron en violaciones a los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia, a la verdad, a la vida, a la integridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, al interés superior de la niñez y a la debida procuración de justicia.
Cabe detallar que el saldo oficial de dicho enfrentamiento fue de seis civiles y cuatro militares muertos; 14 civiles y 12 militares lesionados, así como 9 adultos y 4 menores de edad detenidos.
Las recomendaciones
Ante estos señalamientos, la comisión recomendó al gobernador saliente, Antonio Gali Fayad, y al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, que se “repare integralmente el daño a todas las víctimas, que incluya indemnización, asistencia médica y psicológica.
Ambos servidores públicos –precisó– deben colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra el personal involucrado en la manipulación del cuerpo de una víctima y colocación deliberada de armas largas a dos cadáveres.
En el caso de Gali Fayad, le pidió implementar políticas públicas para “solucionar y combatir” el huachicol en el “Triángulo Rojo”, coordinarse con los ayuntamientos de la zona para escuchar y atender las necesidades de la población y coadyuvar en la selección y evaluación de sus cuerpos policiales, profesionalizarlos y garantizar la seguridad pública.
Le solicitó, además, dar seguimiento al proceso administrativo que inicie el Consejo de Honor y Justicia de la SSP por omisiones en dictámenes de lesiones a 8 personas. Todo lo anterior, a menos de tres meses de que concluya su gobierno.
En tanto, Cienfuegos Zepeda también debe coadyuvar a la investigación por falta de veracidad en la información proporcionada a la CNDH.
FGE y TSP también incurrieron en violaciones
Aunadas a las violaciones graves por parte de SSP y Sedena, el organismo acreditó “hechos violatorios, consistentes en violaciones a la legalidad, seguridad jurídica, debida procuración de justicia y a la verdad”, atribuibles a la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estatal.
Por lo anterior, demandó al fiscal general continuar las carpetas de investigación por homicidio de tres personas, dar seguimiento a la queja por omisiones en la integración de estas carpetas y colaborar en la investigación ministerial por la retención ilegal de 4 menores de edad.
Por su parte, al presidente del TSJ, le recomendó colaborar en la queja que se formule ante la Comisión de Disciplina por las imprecisiones en las necropsias que peritos de esta soberanía practicaron a 9 cadáveres, incluidos 4 elementos del Ejército y una persona menor de edad.
Asimismo, detectó violaciones por parte a servidores públicos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Procuraduría General de la República (PGR).
