En su primera sesión ordinaria del Congreso local, conformado en su mayoría por diputados emanados de la coalición Juntos Haremos Historia, fue aprobada por unanimidad de votos y con la dispensa del trámite la abrogación de la “Ley Bala”.
La propuesta corrió a cargo de la legisladora del Partido Encuentro Social (PES), Mónica Lara Chávez, quien hizo un recuento del saldo que dejó esta ley durante la gestión del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, haciendo énfasis en la represión, en 2014, de San Bernardino Chalchihuapan que dejó a José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 12 años, herido de muerte.
Aseveró que la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla” fue utilizada para “cometer un crimen”, por lo que consideró “la urgencia del tema” para someterla a votación.
Asimismo, en la lectura del dictamen la legisladora pesista consideró que por las violaciones a las que se presta esta ley, se debería dar la reparación del daño a la familia de José Luis Alberto Tlehuatlie Tamayo, por morir tras recibir un impacto de una bala de goma.
Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Carlos Alberto Morales Álvarez, pidió a sus homólogos que se dispensara el trámite de enviar a comisiones la iniciativa como lo marca el proceso legislativo y con ello se aprobara este mismo lunes la abrogación.
PRI pedía dispensa del trámite
Si bien todas las fracciones políticas de la XL Legislatura se pronunciaron a favor de esta abrogación, la dispensa del trámite generó inconformidad, ya que la coordinadora del PRI, Rocío García Olmedo, afirmó que estaba favor, pero señaló que tuvo que haberse analizado antes, ya que lo consideró un “albazo legislativo”, ya que no se incluyó en la orden del día, sino en asuntos generales.
En tanto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, defendió que se aprobara con el argumento de que fue una promesa de campaña de los entonces candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En su intervención, el diputado Uruviel González Vieyra, de Compromiso Por Puebla (CCP), si bien igual votó a favor de la abrogación, culpó a los medios de comunicación poblanos, ya que –dijo– desde que se promulgó la ley se han encargado de “satanizarla”.
Por lo anterior, se sometió al voto económico para este trámite, sin embargo, ello no tuvo efecto, ya que 27 diputados, de los cuales dos eran de MC, dos del PRD, uno del PVEM y los 22 de Morena, PT y PES, avalaron que no hubiera dispensa.
Mientras se daba el debate de la abrogación de la ley, fue notoria una corona de flores que se colocó en el Pleno del Congreso del estado, en memoria a Tehuatlie Tamayo.
Ante esto, y tras haber votado a favor de la abrogación de la “Ley Bala”, los 41 diputados locales se pusieron de pie y aplaudieron por un minuto, celebrando este “un logro legislativo”.
Es necesario mencionar que en mayo de 2014 el exgobernador Rafael Moreno Valle planteó esta ley, misma en la que se permitía a la policía usar armas incapacitantes no letales y que no pongan en riesgo la vida de las personas, siendo en ese mismo mes cuando fue aprobada por la anterior legislatura conformada en su mayoría por diputados morenovallistas.
Van por Ley de Expropiación Exprés
Por otra parte, la diputada de Morena, Tonanzin Fernández, ingresó una propuesta para suprimir el artículo 15 BIS de la “Ley de Expropiación Exprés del estado”, a través del cual, según ella, eliminó la garantía de audiencia en favor de los propietarios, aunque existe ese derecho posterior a la expropiación, lo cual existe desde la legislatura pasada.
En primera instancia, la legisladora morenista pidió que se votara en el pleno, tal y como ocurrió con la “Ley Bala”, presentada por su compañera de coalición Lara Chávez, sin embargo, al final cambió de postura y se envió a comisiones.
Y es que, dicha reforma fue presentada, en marzo de 2014, por el entonces diputado del PAN, Eukid Castañón Herrera, a través de la cual se dieron facultades a la Secretaría General de Gobierno (SGG) de expropiar terrenos o inmuebles argumentando utilidad pública, pero mantiene el derecho de audiencia.
Aun cuando el gobierno tome posesión, el afectado si gana el juicio, puede detener la obra, que se resarza el daño y que se le pague, pero en algunos casos no aplica.
Finalmente, el diputado de MC, Carlos Alberto Morales Álvarez, propuso reformar la fracción primera del artículo 230 de capítulo 27 de la Ley Orgánica Municipal, esto con el fin de regresarles a los pueblos ordinarios y sus juntas auxiliares la identidad jurídica, la cual también fue turnada a comisiones para su análisis.
