Mientras la organización internacional, Front Line Defenders, lanzó una alerta por la desaparición de Sergio Rivera Hernández, opositor de la hidroeléctrica Coyolapa-Atzala, familiares del activista pidieron a la ONU que emita una “acción urgente” para localizarlo.
La organización internacional con sede en Dublín, Front Line Defenders, lanzó una alerta por la desaparición de Sergio Rivera Hernández, opositor de la hidroeléctrica Coyolapa-Atzala, y quien fue visto por última vez el 23 de agosto.
En su página de internet, la organización define el estatus del ambientalista como “desconocido”, señalándolo como una desaparición forzada, pues hace más de una semana, el defensor de derechos de los pueblos indígenas desapareció cuando se encontraba transitando en su motocicleta en la municipalidad de San Pablo Zoquitlán, municipio de Zoquitlán.
Recuerda que Rivera Hernández es miembro del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), una organización nacional que trabaja desde 1996 por los derechos de los pueblos indígenas, sus tierras ancestrales y los derechos ambientales en distintas regiones de México.
ONU recibe petición
En tanto, este viernes, los familiares del ambientalista fueron notificados por Ibrahim Salama, jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de que este organismo recibió la petición de “acción urgente”, dieron a conocer en redes sociales.
Con esta moción, se busca que, a través del Comité contra la Desaparición Forzada, la ONU emita la “acción urgente” y así se pronuncie en torno al caso, con el fin de que se dé a conocer a la opinión pública nacional e internacional, así como a las autoridades del gobierno competentes y a los medios de comunicación esta presunta desaparición forzada.
Y es que, el defensor ha protegido activamente los derechos de las comunidades indígenas que han estado expuestas a violaciones de derechos humanos como consecuencia de la construcción del sistema hidroeléctrico Coyolapa-Atzatlán en la región de Sierra Negra ubicada en el estado de Puebla; el proyecto consiste en dos represas y está liderado por la compañía mexicana Minera Autlán.
En la página de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos (Redtdt) —conformada por 85 organizaciones en 23 estados— se subió una petición que lleva casi 200 firmas para exigir que las autoridades federales y estatales tomen las medidas pertinentes, con carácter de urgente, para encontrar con vida a Rivera Hernández.
La moción va dirigía a Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación (Segob) federal; Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob; Antonio Gali Fayad, gobernador de Puebla; Diódoro Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno (SGG) del estado; Víctor Carrancá Bourget, fiscal General del Estado (FGE) y Fermín González León, edil de Zoquitlán.
