El Congreso de Puebla aprobó penas de hasta 2 años de cárcel por hostigamiento laboral o sexual y un mes por acoso sexual en espacios públicos y privados, castigos que podrán aumentar cuando las víctimas sean mujeres y la agresión altere su vida.
Por mayoría de votos los diputados avalaron este viernes reformar el Código Penal, la Ley Orgánica Municipal y la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tras la serie de recomendaciones que hizo la Conavim al gobierno del estado para no declarar la alerta de género.
Por hostigamiento laboral o sexual se impondrán multas de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) –es decir de 24 mil 180 pesos a 40 mil 300– o de 6 meses a 2 años de cárcel, mientras que por acoso sexual las sanciones serán de 50 a 300 UMA -–4 mil 30 a 24 mil 180 pesos–- o de un mes de prisión, dependiendo de la gravedad de la agresión.
Lo anterior aplicará sin importar el género de las víctimas, pero cuando se trate de una mujer y la agresión haya afectado su integridad física o su vida laboral o doméstica, la pena máxima por hostigamiento aumentaría dos terceras partes, para ser de hasta tres años y cuatro meses de cárcel, mientras que por acoso sería de hasta un año.
En todos los casos, quien agreda(además de la multa o la prisión) será sometido a un programa de orientación y sensibilización, con el objetivo de reeducar a los acusados bajo una cultura del respeto.
Avalan concesionar limpia 30 años
Por otra parte, se ratificaron por mayoría votos las concesiones aprobadas por los ayuntamientos de Tepeaca, Amozoc, San José Chiapa, Rafael Lara Grajales, Nopalucan, Mazapiltepec, Oriental y Tepatlaxco, consistentes en permitir que la empresa Sinergias Ambientales se encargue del servicio de limpia por los próximos 30 años.
Antes de irse el 14 de octubre, los cabildos de aquellos municipios aprobaron entregar el servicio a la empresa, a la que además le pagarán para que los residuos sean trasladados a su relleno sanitario que recién abrió en San José Chiapa.
El priista Leobardo Soto Martínez, uno de los diputados que votó en contra, señaló en entrevista que las concesiones fueron un acto irresponsable de los alcaldes, ya que las aprobaron a mes y medio de dejar el cargo y eso orilla a dudar de la legalidad de la operación.
Dijo desconocer si hubo presiones por parte del gobierno estatal para que los ayuntamientos aceptaran concesionar el servicio, así como aseguró que no sabe lo que costará ahora el servicio.
Finalmente, durante la sesión también se aprobó la creación del organismo público descentralizado (OPD) Puebla Comunicaciones