En el Congreso de Puebla se planteó reducir a la mitad el castigo por abortar, para que sea de máximo seis meses de prisión y no de un año, así como se buscan aumentar las penas para los médicos que obliguen a interrumpir el embarazo.
Con una serie de reformas al Código Penal se intenta desestigmatizar a las inculpadas, ya que actualmente la sentencia puede aumentar hasta los cinco años de cárcel si la mujer tiene “mala fama” o si “no ocultó” su embarazo.
También, señala la propuesta de la diputada perredista Socorro Quezada Tiempo, se pretende permitir el aborto después de la semana 12 de gestación (tres meses), pero no se especifica un límite.
En este momento, el artículo 340 indica que se le aplicarán de uno a tres años de prisión “al que hiciere abortar a una mujer, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella.
Cuando falte el consentimiento, la prisión será de 3 a 6 años, y si empleare violencia física o moral, se impondrán al delincuente de 6 a 8 años de prisión”.
En el siguiente refiere que: “si el aborto lo causare un médico, cirujano, o partera, además de las sanciones que le correspondan conforme al artículo anterior, se le suspenderá de 2 a 5 años en el ejercicio de su oficio o profesión”.
A continuación, señala que se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, pero solo bajo las tres circunstancias siguientes: “que no tenga mala fama” (sic); que haya logrado ocultar su embarazo y que este no sea fruto del matrimonio”.
Faltando alguna de las circunstancias mencionadas –agrega el artículo 342— se le impondrán de uno a 5 años de prisión.
Se castigaría con trabajo comunitario
Las reformas que se plantean, buscan reducir las sanciones para que solo se impongan de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar, después de las 12 semanas de embarazo, mientras que al que hiciere abortar con el consentimiento de la mujer se le impondrá de uno a tres años de prisión.
En cuanto a la operación sin el consentimiento de la mujer, se darán de 5 a 8 años de prisión, pero “si mediare violencia física o moral, se impondrá de ocho a diez años de prisión”.
A los médicos que practiquen el procedimiento con el uso de la fuerza también se les suspenderá en el ejercicio de su profesión u oficio por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
Los motivos excluyentes de responsabilidad penal se mantendrían igual: cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial sin el consentimiento de la mujer o cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud.
La iniciativa se envió a las comisiones de Gobernación y Procuración de Justicia para su análisis y eventual aprobación.
Buscan permutar terreno de Flor del Bosque
En la misma Comisión Permanente este jueves, también ingresó una solicitud del gobernador Antonio Gali Fayad para que los diputados avalen permutar 42 hectáreas de terreno que forman parte del parque Flor del Bosque.
El decreto contempla ceder los 420 mil metros cuadrados de tierra a Carlos Enrique Rafael Haghenbeck Camara, de quien únicamente se tiene registro de que era representante legal de Campestre “La Silla”, razón social de la que se desconoce su giro comercial o los servicios que presta.
Por tratarse de una permutación, el gobierno del estado entregó el terreno sin obtener una pago a cambio, ya que lo intercambió por otro bien de valor similar, pero en el decreto no se especifica cuál.
Sólo se precisa que los derechos sobre la tierra fueron entregados a Haghenbeck Camara el pasado 23 de julio, pero por tratarse de una propiedad del estado, se requiere el aval del Congreso.
