Carlos Martínez Amador, presidente del Congreso de Puebla, rechazó la calificación “insatisfactoria” que puso el IMCO por sobre ejercer el presupuesto de 2017 y exceder el gasto en comunicación; en tanto, recibió más iniciativas del gobernador Antonio Gali Fayad.
En entrevista este martes, luego de la sesión de la Comisión Permanente, el diputado perredista dijo “desconocer” los números, y negó que el legislativo poblano haya gastado 16 por ciento más de los 452 millones 500 mil que tenía presupuestado, cantidad que —aseguró— de por sí es “corta”.
Sostuvo que los diputados poblanos han hecho del Congreso uno de “los más austeros” del país, por lo que rechazó algún exceso en el gasto de comunicación, a pesar de que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) exhibió que en el cuarto cuatrimestre del 2017 se incrementó 88 veces comparado con el mismo periodo de 2016.
En la sesión, la Permanente recibió de Gali Fayad una nueva propuesta de terna para sustituir al magistrado del TSJ Manuel Nicolás Ríos Torres.
La terna remitida la semana pasada sólo fue modificada para remplazar a Rubén Arroyo Bermúdez, quien renunció a la postulación por asuntos personales.
Cambian propuesta para TSJ
Por lo anterior, el mandatario propuso a Miriam Morales Botello como magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), teniendo como suplente a Roberto Antonio Mendoza Zamorán.
Ahora, será considerada junto con la jueza tercero de lo Familiar, Ángeles Muñoz Cortés y Jorge Benito Cruz Bermúdez, dirigente estatal del PRD, quien recibió una oleada de críticas desde varios sectores por su postulación e incluso se interpuso un amparo.
Por su historial de cargos en el gobierno, se espera que los diputados elijan a Cruz Bermúdez como magistrado y le den el nombramiento en una sesión extraordinaria del pleno, esta o la otra semana.
En tanto, llegaron dos iniciativas más de Gali Fayad, adicionales a las 11 que remitió la semana pasada y que se prevé que sean aprobadas también en la sesión extraordinaria.
Una de las iniciativas busca reformar la Ley de la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niños y los Adolescentes y otra extender el polígono de Ciudad Modelo.