La CNDH celebró la resolución de la ONU a favor de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, quien sufrió tortura y privación de su libertad, hechos por los que el organismo nacional emitió recomendaciones a Puebla y Quintana Roo con una atención insatisfactoria.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recordó que, el 31 de julio, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que el Estado mexicano vulneró los derechos de la periodista a un recurso efectivo, a la igualdad, a la prohibición de la tortura o tratos crueles, a la prohibición de la detención arbitraria y a la libertad de expresión.
Esta resolución deviene de la solicitud presentada por la reportera al alegar que, en diciembre de 2005, fue detenida en la ciudad de Cancún por servidores públicos de Quintana Roo y Puebla, como consecuencia de la denuncia que un empresario (Kamel Nacif Borge) presentó contra ella por los delitos de difamación y calumnia.
Al analizar los hechos relacionados con el caso y los alegatos presentados por el Estado mexicano, la ONU advirtió distintas irregularidades cometidas por autoridades mexicanas y determinó que el trato al que fue sometida la periodista durante su traslado de Quintana Roo a Puebla constituyó una violación al artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
También determinó que los tratos que sufrió Cacho Ribeiro tuvieron un objetivo discriminatorio por razón de sexo, a la luz de los comentarios sexuales vertidos, lo que constituyó una violación del artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ordena a los Estados garantizar la igualdad en el goce de derechos a hombres y mujeres.
Con relación a la detención de la periodista por los delitos de difamación a partir de la publicación del libro “Los Demonios del Edén”, en el que señaló la participación de autoridades públicas y empresarios de alto nivel en calidad de responsables de una red de pornografía infantil, el comité de la ONU indicó que ello no debería conllevar una pena de privación de libertad como castigo, lo que vulneró su derecho a la libertad de expresión contenido en el artículo 19 del pacto.
Ni Marín ni González atendieron recomendación
El comité indicó que es arbitraria la detención o la reclusión como castigo por el ejercicio legítimo de los derechos garantizados en el pacto, entre ellos la libertad de expresión, por lo que la detención de la autora del libro no fue una medida necesaria ni proporcional, sino más bien una medida de carácter punitivo y, en consecuencia, arbitraria.
La resolución indica que las omisiones en el proceso penal iniciado en contra de autoridades y particulares por la detención de la periodista no tuvieron justificación alguna, por lo que la ONU determinó que Cacho Ribeiro no disfrutó de un recurso efectivo para remediar las violaciones a derechos humanos.
Por lo anterior, el comité determinó que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar un recurso efectivo a través de una investigación imparcial sobre los hechos denunciados por la periodista, así como adoptar medidas para evitar violaciones semejantes en el futuro contra defensores y periodistas, incluida la despenalización de los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas.
Por ello, en un comunicado de prensa, la CNDH saludó la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU al constituir un precedente importante sobre distintos derechos y al establecer criterios claros sobre la no utilización del derecho penal para castigar a defensores y periodistas por hacer uso de la libertad de expresión.
Resaltó que dicho organismo nacional conoció de los hechos descritos y, en su momento, emitió la Recomendación 16/2009 a los entonces gobernadores de Puebla, Mario Marín Torres, y Quintana Roo, Félix González Canto, ambos priistas, al advertir una serie de violaciones a los derechos humanos de la periodista, quienes tuvieron un insatisfactorio cumplimiento en su atención.
Finalmente, recalcó que, como CNDH, se ha pronunciado por la despenalización de los delitos contra el honor (difamación, calumnias e injurias) o aquellos que puedan ser utilizados en contra de quien ejerce la libertad de expresión.
