La exsíndica de Puebla, María Esther Torreblanca Cortés, y Gilberto Suárez Machado, ex jurídico de la SFA beneficiado con una notaría por el exgobernador Rafael Moreno Valle, fueron nombrados por el gobernador Antonio Gali Fayad magistrados del TJA por 15 años.
Su designación se hará oficial el martes en sesión ordinaria del Congreso, con lo cual quedará completo el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), al tener por fin a los siete magistrados que lo integrarán.
En la sesión de este lunes, Diódoro Carrasco Altamirano, secretario General de Gobierno (SGG), envió a los diputados dos oficios para informar la decisión del mandatario, los cuales se turnaron a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que los avale y sean ratificados por el pleno el martes.
Apenas el sábado Torreblanca Cortés renunció a la Sindicatura de la capital, luego de encabezarla por año y medio, en sustitución de Héctor Sánchez Sánchez, elegido por Gali Fayad como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Por su parte, Suárez Machado está a cargo de la notaría número 6, con cabecera en Tepeaca, que le fue asignada por Moreno Valle en enero de 2017, antes de que el panista concluyera su mandato, pero previamente se desempeñó como coordinador Jurídico de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA).
Ellos estarán 15 años en el cargo y completarán el pleno del TJA, integrado por otros cinco exfuncionarios de Gali Fayad y Moreno Valle designados en agosto de 2016 y marzo del año pasado.
Órgano dirigido por exfuncionarios
El tribunal empezó a operar el 15 de diciembre con Alfonso Siriako Guillén Almaguer, exfuncionario de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT), quien por ciento enfrentaba en aquel entonces una queja administrativa; David Paz Moreno, exdirector Jurídico del DIF estatal y María de Lourdes Dib Álvarez, actual directora del TJA y regidora de Puebla por el PRI del 2011 al 2014.
Ellos estarán 13 años en el puesto, ya que ese era el periodo originalmente acordado para el cargo, pero a propuesta de Gali Fayad se extendió a 15, además de que las magistraturas aumentaron de cinco a siete.
El 15 de marzo el gobernador nombró como magistrados a su exsecretaria particular, Luz María Aguirre Barbosa y José Rubén Huerta Yedra, exsubsecretario de la Secretaría Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade).
A pesar de su pasado en la administración pública y sus vínculos con el poder, se encargarán de investigar y sancionar casos de corrupción de servidores públicos y particulares.
De acuerdo con la ley que regula el organismo, este puede imponer desde una amonestación pública hasta un arresto por 36 horas con ayuda de la fuerza pública, como medidas cautelares para resolver los juicios.
