Antes de irse el 15 de septiembre, los diputados del Congreso de Puebla designarán por cuatro años –con opción de reelegirse otros cuatro– a tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que saldrán de ternas propuestas por el gobernador Antonio Gali Fayad.
El perredista Carlos Martínez Amador, presidente del Congreso del estado, señaló que la próxima semana sesionará la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y tratará el tema.
Aunque no precisó una fecha, dijo que “ojalá” las designaciones se concreten dentro del periodo ordinario de sesiones (antes de agosto), pues de lo contrario, tendrían que aprobarse en una sesión extraordinaria.
Y es que a la LIX Legislatura solo le restan dos sesiones ordinarias (la del 24 y el 31 julio); así que, si no hay acuerdo entre los diputados, los nombramientos se realizarían a principios de agosto.
Esto a pesar de que las ternas propuestas por Gali Fayad llevan un mes en revisión, pues los envió desde el 15 de junio, en la segunda sesión del segundo periodo ordinario de este año.
Entre los candidatos elegidos por el gobernador se encuentra Guillermo Morales Rodríguez, hijo del priista Jesús Morales Flores, hermano del exgobernador Melquiades.
Familiares y funcionarios, los candidatos
También es candidato Milton Paris Aguirre León, yerno de Morales Flores, quien coordinó en la región de Tepeaca la campaña de Martha Érika Alonso Hidalgo, excandidata de Por Puebla al Frente a la gubernatura y esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle.
Además de los familiares del hermano del exgobernador priista, destaca José Montiel Rodríguez, subsecretario Jurídico de la Secretaría General de Gobierno (SGG), quien iría por recomendación del titular de esa dependencia, Diódoro Carrasco Altamirano.
La designación de los magistrados es para cubrir las vacantes que dejaron David López Muñoz, José Saúl Gutiérrez Villarreal y Manuel Nicolás Ríos Torres, quienes se jubilaron en el mes de mayo.
Por otro lado, en la sesión ordinaria del Congreso realizada este viernes, ingresó una iniciativa de Gali Fayad para reconocer legalmente al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
Con ello, se permitirá que la organización participe en las mesas de seguridad y tenga derecho a escuchar y proponer.
Actualmente, el consejo solamente es convocado a las reuniones del gabinete de seguridad si el gobernador lo decide, pero solo para atestiguar el acto.