La CNDH monitorea los centros de detención de las ciudades MacAllen, Houston y Brownsville, en Texas, Estados Unidos, para conocer la condición de las familias que se encuentran separadas como consecuencia de la política migratoria “tolerancia cero”.
A través de un comunicado, sostuvo que la unidad familiar es un derecho protegido internacionalmente y destacó que, de acuerdo con los criterios de la CIDH, se debe respetar que la autoridad competente escuche a las personas migrantes sujetas a procedimientos de deportación y permitirles defenderse legalmente.
Asimismo, los inmigrantes deben contar con interpretación y traducción, representación legal, protección consular desde su detención, notificación de la decisión que ordena su deportación, acceso a un recurso efectivo para impugnar la decisión de deportación, el derecho a que los recursos interpuestos tengan efectos suspensivos sobre la decisión de deportación, y a la unidad familiar.
Los visitadores adjuntos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que se encuentran en Texas, elaboran un diagnóstico objetivo de la situación que permita el diseño de las mejores estrategias para su defensa y realizan actividades de vinculación con organizaciones sociales que defienden personas migrantes.
Además, acudieron a diversos consulados de México en Texas para entrevistarse con servidores públicos y gestionar por medio de ellos su visita a Centros de Detención de personas migrantes, visitar albergues de la sociedad civil a fin de recabar las inquietudes de las familias mexicanas que pueden ser deportadas.
Difunde micrositio ante mexicanos
En esas visitas, el personal de la CNDH difundió las herramientas que el organismo puso al alcance de los mexicanos ante posibles acciones de detención y deportación arbitraria, difundiendo el micrositio “El plan es tener un plan”, en el que se identifican casos en los que se pueden ver involucradas, así como acciones concretas para la defensa de sus derechos.
Entre estas organizaciones están Catholic Charities of Rio Grande Valley, Racial and Economic Justice Program Fundación Robert Kennedy, Organización LUPE, League of United Latinamerican Citizens, Proyecto San Diego, Texas Civil Rights Project, American Civil Liberties Union, las cuales trabajan a favor de las personas en situación migratoria irregular en Estados Unidos.
Cabe recordar que, en unas cuantas semanas –del 9 de abril al 31 de mayo–, cerca de 2 mil 300 niños y adolescentes fueron separados de sus padres, quienes ingresaron en forma irregular al país norteamericano.
La CNDH y sus homólogas de cuatro países latinoamericanos urgieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aplicar medidas cautelares contra la separación de menores y padres por la política migratoria de Estados Unidos, emitida su presidente por Donald Trump.
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales