Un tribunal unitario ordenó el cumplimiento de los cuatro amparos que anulan la “verdad histórica” del caso sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, armado por la Procuraduría General de la República (PGR), así como la creación de una comisión de justicia.
La orden fue emitida por el titular del Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, Sabino Pérez García, luego de que recibiera las sentencias del Primer Tribunal Colegiado, dictadas el pasado 4 de junio, por determinar que la investigación de la PGR “no fueron prontas, efectivas, independientes ni imparciales”.
En este sentido, se deberán anular los autos de formal prisión contra los beneficiarios de los amparos: Salvador Reza Jacobo, “El Wereke”, Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, Gildardo López Astudillo “El Gil”, y Miguel Ángel Bahena Landa “El Chequel”, supuestos integrantes del grupo criminal “Guerreros Unidos”.
Lo anterior, debido a que los magistrados hallaron indicios de que los imputados confesaron “bajo tortura” haber secuestrado, asesinado y quemado a los normalistas entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Dan 10 días para forma comisión
Respecto a la “Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia”, el impartidor dio un plazo de 10 días para formarla, integrando a las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la PGR, sin que puedan participar los fiscales y peritos del caso original.
Para alcanzar este propósito, el primer tribunal ya había solicitado, en su resolución, el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, para que su gabinete colabore con la Comisión, y de la Cámara de Diputados, para que autorice el presupuesto necesario.
No obstante, esta disposición podría ser impugnada por la procuraduría con el argumento de que la Comisión de la Verdad invade su atribución exclusiva para investigar delitos, establecida en el artículo 102 de la Carta Magna.
Asimismo, el juez también dio a la PGR diez días para presentar dictámenes periciales, realizados por especialistas independientes, con base en el protocolo de Estambul para aclarar si realmente fueron torturados.
Editado por Luis Alberto Palacios
