La candidata a la gubernatura, Martha Erika Alonso Hidalgo, se echó para atrás respecto a la remoción de Víctor Carrancá Bourget, de la FGE, al reconocer que aunque llegara a Casa Puebla, no tiene las facultades para destituirlo del cargo.
Al ser cuestionada por los medios de comunicación, tras firmar cinco compromisos para combatir la trata de personas, la panista manifestó que quienes deben exigir el cambio en dicho organismo autónomo son los ciudadanos.
Esto a pesar de que hace dos semanas la abanderada de Por Puebla al Frente exigió la salida de Carrancá Bourget por los dos últimos asesinatos: uno de la candidata Juana Maldonado Infante, que buscaba la diputación local por Huauchinango, y Erika Cázarez Acosta, regidora de Salud del municipio de Juan Galindo.
“Obviamente el que nombra al fiscal no es el gobierno del estado, ni el gobernador, pero creo y lo que pido es que den resultados y respuesta a la ciudadanía, también la FGE ha hecho, de alguna manera, lo que puede con los recursos que tiene”, pronunció.
Al preguntarle sobre que los poblanos son los primeros que han pedido la salida del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), respondió que hay que esperar que pase el 1 de julio para después analizar el tema de procuración e impartición y justicia.
Que lo juzguen los propios ciudadanos, dice
Incluso, sostuvo que “está apostada” a un acto de conciencia por parte de Carrancá Bourget, para que quien lo juzgue y evalúe sean los ciudadanos.
“Yo no tendría facultades para quitarlo, eso le corresponde al Congreso del estado y es un acto de la conciencia y moral de cada persona, lo que podemos hacer los ciudadanos es sumar esfuerzos y exigir resultados”, insistió la abanderada del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano (MC)-Compromiso Por Puebla (CPP)-Pacto Social de Integración (PSI).
Cabe mencionar que Carrancá Bourget fue designado en dicho puesto por el Congreso local hasta enero de 2023 y, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley Orgánica de la FGE, sólo hay tres razones para que se pueda destituir al titular por parte del Ejecutivo:
Que pierda la ciudadanía mexicana, en los términos que establece el artículo 37 de la Constitución General; adquirir incapacidad total o permanente que impida el correcto ejercicio de sus funciones durante más de seis meses; o cometer violaciones graves a la Constitución General o a la Constitución del Estado.
Sin embargo, el Ejecutivo también puede mandar una solicitud al Legislativo pidiendo la remoción y este a su vez lo analiza y determina si procede o no la destitución.
