Habitantes de Santa María Tonantzintla dieron a conocer que un juez federal otorgó una suspensión provisional a los trabajos que el ayuntamiento de San Andrés Cholula estaba ejecutando como parte de un Barrio Smart en la comunidad.
En rueda de prensa, Mercedes Tecuapetla Quechol, integrante de la Comisión de Ciudadanos de Tonantzintla, señaló que la resolución la otorgó el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales.
Refirió que la resolución, notificada el 31 de mayo, fue tras resolver el amparo 313/2018 promovido desde febrero pasado, en el que la autoridad federal consideró que el proyecto podría afectar grave e irreparablemente el patrimonio cultural de la comunidad indígena.
Agregó que con esta suspensión da la razón a la comunidad, pues desde inicios de febrero se manifestó en contra de la obra, ya que estaba siendo ejecutada de manera irregular, además de que atenta con el patrimonio tangible e intangible del lugar.
El afectado aseveró que el proyecto urbanístico impulsado y avalado por el gobierno estatal y ayuntmiento de San Andrés Cholula atenta contra el patrimonio cultural, histórico, antropológico y arqueológico, además que los pobladores no fueron consultados en la planeación y realización de la obra, ni se tomaron en cuenta los usos y costumbres de la población.
Recordó que los trabajos empezaron desde noviembre pasado, cuando empezaron a “destruir” monumentos comunitarios como el puente, el reloj del siglo XIX y el empedrado tradicional, y también intervinieron sin permisos los espacios que son utilizados por los habitantes para sus celebraciones religiosas.
Tecuapetla Quechol mencionó que a tres meses de que la plaza fuera “rehabilitada”, se ha convertido en un espacio desolado, ha generado descontento y desilusión entre los turistas que acuden a visitar “un pueblo tradicional”, pues encuentran un espacio “pelón con materiales de pésima calidad”.
Manifestó que tras la suspensión provisional, confían que se logre de manera definitiva, pues el proyecto lleva un avance del 20 por ciento, pues involucra el enajenamiento de las calles que rodean la iglesia, estacionamientos, semáforos inteligentes, parquímetros, señalética, mejoramiento de la imagen urbana e incluso un mercado gourmet.
Comuna usa doble discurso
Por su parte, Juan Carlos Flores Solís, del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra (Fpdat), y representante legal de la comunidad, manifestó que será hasta que concluya el juicio de amparo para conocer si la Comuna sanandreseña tendría que restituir el espacio como estaba en un principio.
Detalló que son cuatro amparos los que se tiene tramitados sobre el mismo tema, dos que están radicado en el Juzgado Tercero de Distrito y el otro en el Juzgado Primero de Distrito, por lo de que resulten a favor habría más suspensiones al proyecto.
Sostuvo que si los procesos se han tardado es porque el ayuntamiento, a cargo de Leoncio Paisano Arias, está utilizando un “juego del gato y el ratón”, pues niega que esté haciendo obras en la comunidad con el fin de dilatar lo más que se pueda para que los pobladores dejen en indefensión.
Puntualizó que “lo que se pelea” es que la comunidad tenga derecho a decidir sobre el uso de los espacios, así como a que se respeten los usos y costumbres, pues el 90 por ciento de los pobladores son indígenas y piden una consulta sobre el proyecto.
Esto a pesar de que en febrero se había hecho un acuerdo entre pobladores y el municipio para que no se avanzará en el proyecto.
Flores Solís comentó que Paisano Arias podría “nadar de muertito” sobre este caso, pues estimó que el proceso jurídico concluya entre ocho y 10 meses, lo que significa que estaría dejando el problema al próximo gobierno, independientemente del qué partido gane.
