Integrantes de la CNPA-MN exigieron a las autoridades poblanas esclarecer el tercer homicidio contra sus activistas del Miocup, Manuel Gaspar Rodríguez, la semana pasada, así como así como se detenga el hostigamiento contra quienes defienden los recursos naturales.
En rueda de prensa, Oswaldo Villegas Martínez, vocero en Puebla de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN), al que pertenece el Movimiento Independiente Obrero, Campesino Urbano y Popular (Miocup), sostuvo que Gaspar Rodríguez se dedicó a defender a la Sierra Norte de Puebla de los “proyectos de muerte” como las hidroeléctricas, minerías a cielo abierto y el fracking.
Además de que defendió el agua y los derechos de los pueblos indígenas, por ello consideró que las autoridades judiciales deben darle peso a la investigación por la actividad que realizaba y no solo afirmar que se pudo tratar de un crimen pasional, pues su cuerpo fue encontrado en un hotel.
Refirió que este asesinato causa importancia porque previo al mismo, el activista cuetzalteco ya había recibido amenazas de muerte vía telefónica desde el 2014, año en que aumentó el hostigamiento a los activistas sociales.
Sostuvo que la CNPA-MN lleva con este tres asesinados, ya que se suman el de Esteban Antonio Cruz en 2014 y Frumencio Solís Cruz en 2012, por lo que exigió que se esclarezca el crimen, además de que no vuelvan a ocurrir estos actos contra los activistas.
Detalló que Gaspar Rodríguez, al ser miembro de la Comisión de Derechos Sustentable del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban Cruz (Cdhae), impulsó la lucha por la clausura de un “relleno sanitario”, hoy convertido en basurero del municipio de Cuetzalan.
Cesar criminalización
Por lo anterior, Villegas Martínez exigió que se adopten medidas urgentes para cesar la criminalización en contra de las organizaciones y personas defensoras de los recursos naturales, en específico a los integrantes del CNPA-MN.
Además de que previó que se tiene el riesgo de agresiones hacía otras organizaciones y defensores de derechos humanos en la Sierra Nororiental, por la resistencia que han dado contra los megaproyectos.
Mientras que a la Fiscalía General del Estado (FGE) le exigió que las líneas de investigación incluyan el posible vínculo de su asesinato y los intereses afectados a la minera Autlán y del presidente de Cuetzalan, Oscar Paula Cruz, por la lucha del activista para detener el relleno sanitario, la Línea de Alta Tensión Cuetzalan entronque Teziutlán Tajín II y otro proyecto conocido como “El Aretón”.
Además de que se respeten los derechos de las víctimas y se les permita a los representantes legales de la familia acompañen el caso, pues no se les ha permitido tener acceso a la carpeta de investigación.
Por su parte, Rosario Arrambire de González, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idgie) de la Ibero Puebla, manifestó que el homicidio del activista no es una hecho aislado, pues se da en el contexto de criminalización de defensores de derechos humanos y de los recursos naturales.
Exigió a las autoridades poblanas a que adopten medidas para proteger oportunamente a los activistas y defensores, esto porque las amenazas contra Gaspar Rodríguez ya habían sido dadas a conocer y se tenía el deber obligado del gobierno de darle protección, lo cual no sucedió.
