El Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Puebla negó una orden de aprehensión contra Juan Carlos Flores Solís, opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM) que atraviesa el estado, con lo que, después de 4 años, concluyó la persecución contra 10 activistas.
Así lo señaló el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (Fpdta) que recordó que tras la detención en abril de 2014 de Enedina Rosas Vélez y Flores Solís por oponerse a la construcción del gasoducto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó su propio proceso penal.
El 6 de mayo de 2014, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla emitió dentro de la causa penal 19/2014 una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad a 10 opositores del proyecto, luego de que la CFE los acusó de “secuestrar” los trabajadores a Carlos Aurelio Muñoz Zambrano y Héctor Alejandro Torres Santo, en San Lucas Tulcingo, municipio de Tochimilco el 20 y 21 de enero de 2014.
Los acusados fueron: Francisco Torres Cortés (comisariado de Tulcingo), Federico Villalba Ramos (secretario de comisariado), Avelino Juan Gutiérrez Díaz (tesorero del comisariado), Gregorio Fuentes Ramos (del Consejo de Vigilancia de Tulcingo), Albino Villalba Díaz (presidente auxiliar de Tulcingo), Adela Ramos Villalba (suplente de comisariado de Tulcingo), Eusebio Aguilar Torres, Avelino Velázquez Tapia (Comisariado San Juan Amecac), Flores Solís y Alejandro Torres Chocolatl.
Siete de ellos, autoridades comunitarias, acusados también de pandillerismo por participar en la firma de una Minuta de Trabajo celebrada con el apoderado legal de la CFE, Julio Chapa Garza, donde se pedía la cancelación formal del Gasoducto Morelos en San Lucas Tulcingo y San Juan Amecac.
CFE no respetó acuerdo
Dicha minuta, indicó el Fpdta, firmada el 21 de enero de 2014 no se respetó por parte de la empresa federal, ya que atravesó el gasoducto en el mismo año 2014 con la presencia del Ejército mexicano.
Acusó que la presión de la persecución judicial funcionó como “moneda de cambio” para cuatro miembros de las autoridades agrarias de Tulcingo quienes en noviembre de 2014 negociaron para que pasara el proyecto a cambio de ser canceladas las órdenes, sin embargo uno de ellos murió antes de que le hubieran cancelado formalmente la orden de aprehensión.
Sin especificar nombre, en un comunicado el frente aseguró que seis de ellos no negociaron y se mantuvieron en la oposición, uno de ellos fue el comisariado Velázquez Tapia, quien tuvo en el año 2014 dos órdenes de aprehensión, siendo ya canceladas ambas: primero la que compartió con Rosas Vélez y Flores Solís en Atlixco y la segunda, la 19/2014, que prescribió a mediados del año 2017, es decir que perdió vigencia sin que el inculpado sea detenido.
Otro dos de los 10 perseguidos gozaron del beneficio de ser cancelada su orden de aprehensión por prescripción, desde mediados del año pasado, sin embargo a los siete restantes se les suspendió el plazo para llegar a la prescripción, debido a que se ampararon en 2014.
Sólo cuando les retiraron las suspensiones de las ordenes de aprehensión fue que continuó dicho plazo, hasta que lo cumplieron: Torres Chocolatl y Villalba Díaz el 21 de febrero de 2018; Torres Aguilar, el 14 de marzo de 2018 así como Ramos Villalba, Federico Villalba y Gutiérrez Díaz el 26 de abril de 2018.
Sólo Flores Solís no fue beneficiado por la prescripción, sin embargo, el 11 de mayo de 2018 causó estado –quedó firme la resolución– la sentencia de cumplimiento del recurso de revisión 598/2017 en donde se determinó que no es probable responsable de los delitos que se le acusan.
El Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Puebla negó una nueva orden de aprehensión, en cumplimiento de la resolución, determinando que no se comprueba la probable responsable de Flores Solís de dichos delitos porque las pruebas en el expediente son imprecisas e insuficientes para determinarlo.
Testimonios “amañados”
Esta es la tercera vez que, al determinar la libertad de Flores Solís, los jueces federales y de la causa, concluyen que los testimonios de los dos trabajadores de la CFE pudieron haber sido aleccionadas, comprobándose la criminalización en su contra.
Sin embargo, en marzo, la CNDH determinó en el expediente de queja CNDH/6/2014/2918/Q y su acumulado CNDH/5/2014/2924/Q, que no existió persecución judicial por su labor de defensa de los derechos humanos, así como tampoco contra Rosas Velez y Abraham Cordero.
Con la conclusión de este proceso penal, termina esta etapa de 4 años de persecución judicial contra el Gasoducto Morelos en Puebla, sin descartar que existan averiguaciones previas o carpetas de investigación motivados por este proyecto o por otro, en la intención de seguir criminalizando la defensa de los derechos humanos de las comunidades originarias.
Cabe mencionar que Flores Solís estuvo preso nueve meses –del 7 de abril de 2014 al 23 de enero de 2015—por el expediente 127/2012 que le imputaba la responsabilidad de los delitos de motín, extorsión, ataque a la obra hidráulica y despojo.
El PIM, impulsado por las empresas españolas e italianas Abengoa, Elecnor Anagas y Bonatti, atraviesa 60 pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala.