El Tepjf ordenó a los ayuntamientos de Juan C. Bonilla y Chiconcuautla pagar la suma de 839 mil 914 pesos de salarios que han retenido a la regidora Celene Aguas Rodríguez (470 mil 954) y al síndico Fidel González Lechuga (368 mil 960 pesos) desde el 2015.
Esto después de que ambos gobiernos perdieron sus juicios electorales que iniciaron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) para no pagar, a pesar de que el TEEP les ordenó hacerlo o si no serían acreedores a multas.
Sus demandas fueron desechadas por unanimidad en la cuarta sala regional porque sus argumentos para no cubrir los adeudos van contra los derechos de los denunciantes, que demostraron que los salarios les han sido retenidos injustamente, solo por tener una posición crítica hacia los alcaldes o por cuestionar sus decisiones.
El gobierno de Juan C. Bonilla, encabezado por el priista Filemón Aguilar Rodríguez, se niega a pagar 470 mil 954 que adeuda a Aguas Rodríguez desde el 2015 argumentado que desde entonces no ha acudido a las sesiones ordinarias de Cabildo, motivo por el que se le inició un proceso administrativo y luego fue destituida de la Comisión de Gobernación.
En el juicio electoral número SCM-JE-13/2018, el presidente señaló que la regidora no tiene derecho al salario quincenal de 16 mil pesos porque no se ha presentado a trabajar, sin embargo, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) acreditó con anterioridad que no se han realizado sesiones de Cabildo y las actas de asistencia fueron manipuladas, así que no hubo razón para procesar a la regidora y luego removerla de la comisión.
Por lo anterior, aunado a que la denuncia a nombre del ayuntamiento no iba firmada por todos los regidores que lo integran, el juicio fue desechado y se confirmó la sentencia del TEEP respecto a que el gobierno municipal adeuda a Aguas Rodríguez 470 mil 954 pesos.
Síndico fue destituido ilegalmente
Lo mismo ocurrió con el juicio SCM-JE-16/2018, promovido por el ayuntamiento de Chiconcuautla, encabezado por Claudio Garrido Hernández, del Partido del Trabajo (PT), quien se niega a cubrir los salarios que ha retenido al síndico Fidel González Lechuga desde el 2015.
El motivo de la negativa es similar: el alcalde afirma que el denunciante no ha acudido a las sesiones de Cabildo, motivo por el cual fue destituido y se designó a su suplente.
Sin embargo, el TEEP falló a favor del agraviado porque un síndico solo puede ser removido por el Congreso, a petición del Cabildo, siempre y cuando se haya solventado un procedimiento administrativo donde el acusado resulte culpable de lo que se le acuse.
Es por eso que su destitución fue ilegal, por lo cual se ordenó su restitución y el pago de los salarios retenidos, al igual que los caídos, es decir, los que se acumularon mientras no estuvo en el cargo.
Aunque los ayuntamientos tienen todavía la oportunidad de impugnar estas sentencias, las multas por no pagar van en aumento, ya que por no acatar las resoluciones del TEEP cada miembro del Cabildo fue multado con 7 mil 500 pesos, mientras que por no cumplir con las del Tepjf también serían sancionados.
