A ocho meses de concluir los gobiernos municipales de Puebla, los alcaldes de Coronango, Atzitzihuacán, Pahuatlán, Juan C. Bonilla, Tlaltenango y Tlachichuca enfrentan demandas de sus subordinados por retener sus salarios o recursos para sus demarcaciones.
Los tres primeros aún disputan juicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) o ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), mientras que los otros tres perdieron los casos y se les ordenó cubrir los adeudos, sin embargo, se han negado.
Por ello, los ayuntamientos de Juan C. Bonilla, Tlaltenango y Tlachichuca ya cuentan con denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que acaten la orden de los tribunales o habría represalias.
Las denuncias fueron presentadas por el TEEP, debido a que los ayuntamientos no acataron sus sentencias en favor de tres regidores que acusaron incumplimiento de pago.
El ayuntamiento de Tlachichuca, a cargo del priista Uruviel González Vieyra, adeuda un millón 400 mil 820 pesos, mientras que Juan C. Bonilla, cuyo edil es Filemón Aguilar Rodríguez -igual del tricolor- debe 412 mil pesos a la regidora Celene Aguas Hernández.
El de Tlaltenango, que encabeza Armando Actual Saldaña, de la coalición encabezada por el PAN, no ha pagado 325 mil pesos de sueldo a los regidores Ana Corte Montes, Juan Ernesto Hernández Tapia y Alberto Gerardo Flores Gómez.
Tres casos en trámite
Los casos que continúan como juicios en el Tepjf corresponden al regidor Eulogio Toxqui Soriano, que acusa a la alcaldesa priista de Coronango, Hermelinda Macoto Chapuli, de retener su sueldo de varios meses del 2015, 2016 y 2017, que en conjunto suman 198 mil pesos.
También tiene abiertos otras demandas por ser excluido de las sesiones da Cabildo, a las que presuntamente no es convocado, le ponen inasistencia y bajo ese argumento no recibe su salario.
Por Atzitzihuacán, la regidora Eva Cruz Reyes demandó el pago de salarios retenidos por la alcaldesa –también del PRI- Maricela Ramos Jiménez.
Su juicio apenas lo inició en el Tepjf el 10 de enero, por lo que se desconoce el monto que reclama, pero de inmediato hubo represalias por parte del ayuntamiento, que el miércoles 17 presentó en el Congreso del estado el oficio ATZ/291/2018 en el que el síndico y la secretaria Técnica presentaron una denuncia formal contra la regidora exigiendo la revocación de su mandato.
El ocurso fue ingresado y turnado a la Comisión Inspectora, que analizará la petición.
Con respecto a Pahuatlán, el edil de la junta auxiliar de San Pablito, Rogelio Marroquín Aparicio, denunció ante el tribunal federal al presidente municipal perredista Arturo Hernández Santos, por no entregar los recursos federales que le corresponden a la demarcación por ser una comunidad indígena.
Destacan casos Jolalpan y Tlacotepec
En los extractos de los expedientes que se ha publicado en internet no se indica la cantidad de dinero en disputa, pero el Tepjf ya dio la orden de que el TEEP resuelva el caso en el sentido que el ayuntamiento libere los fondos.
Adicionalmente a estos casos, se encuentra el del edil de Jolalpan, Antonio Javana García, quien retuvo salarios de ocho regidores, a quienes despidió de forma injustificada y esto provocó que a principios de 2017 los agraviados se plantaran tres meses afuera del Congreso del estado exigiendo la destitución del munícipe.
El año pasado también destacó el caso del panista Inés Saturnino López Ponce, alcalde de Tecamachalco, acusado de violencia política de género contra tres regidoras, conducta que fue denunciada ante la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Electorales (Fepade) y ante la FGE, pero únicamente la primera favoreció a las víctimas.
Tras la intervención de su partido y con la amenaza de que sería sancionado, se le obligó a disculparse públicamente, lo cual cumplió a medias y sin esperar respuesta de las regidoras, pero desde entonces, su postura ha sido más pacífica.
A esto se agrega el caso del edil de Tlacotepec de Benito Juárez, Pablo Pérez Maceda, y a los nueve integrantes del Cabildo, a quienes hace unos días destituyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por no cumplir con el pago de 967 mil 397 pesos por un terreno perteneciente a un particular.
