Iván Galindo Castillejos, regidor del ayuntamiento de Puebla, señaló que es un “exceso” la ampliación presupuestal de 1 millón 125 mil pesos para realizar el estudio sobre los efectos que tuvieron los horarios de veda de alcohol en la incidencia delictiva.
En entrevista, destacó que los regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) consideran que está “fuera de lugar” la dinámica del gobierno estatal para hacer “estudios caros” de cosas “obvias”, y reclamó que nunca se les avisó sobre esta medición.
Agregó que, si el objetivo era saber si las decisiones del Cabildo tuvieron impacto en la incidencia delictiva, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puede proporcionar los datos y no tendrían que mandarlos a la Universidad de Chicago.
Al respecto, dijo que van a pedir el estudio para analizarlo y posteriormente pronunciarse a partir los resultados, pues sostienen que el dinero se pudo ocupar en otras cosas.
Cabe recordar que la regulación de venta de alcohol en la capital duró cuatro meses, del 15 de agosto al 31 de diciembre de 2017, y consistió en prohibir la comercialización de bebidas embriagantes a partir de las 2 (lunes a miércoles) y 3 (jueves a sábado) de la mañana, y de las 8 de la noche en adelante los domingos ,
Cuenta pública no está comprobada
Respecto a la cuenta pública municipal, que debió cumplirse el 1 de enero de 2017, comentó que es un año anómalo pues no se debería estar pagando todavía en marzo de 2018 y aseguró que no hubo un adecuado ejercicio ni comprobación de los recursos, pues de 981 millones que aparecen como subejercicio de la cuenta pública 2017, 932 son pasivos.
Destacó que la regidora Myriam Arabián Couttolenc debe aclarar cuáles son los recursos que caducan el 31 de diciembre, a cuánto dinero corresponde y qué pasa si no los comprueban, porque podrían perderse de no ser comprobados.
Detalló que ellos ya devolvieron 6 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, los cuales podrían utilizarse para seguridad pública o el presupuesto participativo.
Asimismo, subrayó que la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos tenía un subejercicio de casi 600 millones de pesos que “no pagó” por múltiples factores, por lo que cuestionarán al secretario de la dependencia, David Aysa de Salazar, por qué tardó en licitar.
Aclaró que el dinero que no se ha pagado ya “está comprometido” en obras que se están llevando a cabo y que no se han entregado.
