Tras 11 meses de juicio, el exedil de Puebla y candidato del PAN al mismo cargo, Eduardo Rivera Pérez, fue exonerado de la inhabilitación de 12 años y dos multas de 12 millones 798 mil pesos impuestas por el Congreso y la ASE por presunto daño al erario.
Tras obtener un amparo del Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo, se declaró dejar “insubsistente” la resolución del 7 de abril de 2017, en la cual se decretaron las sanciones en su contra por “ser administrativamente responsable” de un daño patrimonial de 2 mil 500 millones de pesos.
En el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades marcado con el expediente 131/2016, se le impuso una inhabilitación por 12 años, además de dos multas de 12 millones 798 mil 508 pesos, una por parte del Legislativo y otra por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Esto a causa del presunto quebranto al erario que se le imputó tras la revisión –en 2016— de su cuenta pública del 2013, segundo año de su gestión como alcalde de la capital poblana.
A 11 meses de esas penas, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) otorgó “el amparo y protección” a Rivera Pérez, invalidó la resolución del 7 de abril y ordenó al Congreso emitir una nueva “en la que parta de la premisa que en el caso a estudio inobservó el plazo de treinta días hábiles para el dictado de la resolución definitiva”.
El amparo fue solicitado por el panista desde el 5 de mayo del 2017, casi un mes después de recibir las sanciones, sin embargo, hasta apenas lo obtuvo debido a que el Legislativo y la ASE retrasaron el proceso dos veces por varios meses, mediante la presentación de quejas.
La primera fue promovida por la ASE el 10 de agosto del 2017, para evitar que se realizara la audiencia programada para el 23 de ese mes.
Se retrasó amparo 5 meses
Ese recurso detuvo el juicio de amparo tres meses, sin un motivo aparente, ya que la auditoría no presentó nuevas pruebas o documentación extraordinaria, y ella misma retiró la querella el 7 de noviembre, probablemente para evitar sanciones por retrasar el proceso y así obstaculizar el acceso a la justicia.
Al quitarse el freno al caso, se creía que ya sería resuelto, sin embargo, el Congreso presentó una nueva queja en diciembre, ahora para evitar que se celebrara la audiencia el 10 de enero.
Del mismo modo, sin ninguna razón que se conozca, el Legislativo retiró su inconformidad el 18 de enero, luego de que se anunció que el PAN perfilaba a Rivera Pérez como su futuro candidato al mismo cargo que ocupó del 2011 al 2014.
Tras ser nombrado candidato, ya no hubo impedimentos para la resolución de su juicio y, el lunes 5 de marzo, por fin el juez le otorgó el amparo, de tal forma que, al no ser inhabilitado, ya puede registrarse como candidato ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) y competir por un cargo de elección popular.
Desde la revisión de su cuenta pública, el exalcalde acusó que se trataba de una “persecución política” del exgobernador Rafael Moreno Valle para frenar su aspiración por la gubernatura, ya que pretendía poner a su esposa, Martha Erika Alonso Hidalgo, como abanderada.
A principios de este año cesó la confrontación entre el quejoso y el grupo del exmandatario, al grado que Rivera Pérez fue designado candidato a la alcaldía y Alonso Hidalgo a la gubernatura, tras una serie de acuerdos que incluyeron al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, donde Moreno Valle pugnaba por la candidatura presidencial, pero fracasó.