Tras cinco meses detenido, por fin será resuelto un juicio de amparo de Eduardo Rivera Pérez, pues no se presentaron nuevas pruebas en su contra; el precandidato del PAN a la alcaldía se Puebla rechazó que sea parte de un pacto político.
Luego de que la audiencia fue retrasada tres veces debido a quejas presentadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y el Congreso local, el pasado miércoles al fin se celebró y no se presentó nueva documentación que extienda la responsabilidad del exalcalde en un presunto daño patrimonial de 2 mil millones de pesos en el 2013.
Por ese delito, del cual lo acusó el Legislativo, se le impuso una multa de 25 millones de pesos y una inhabilitación de 12 años, penas que detuvo mediante otro juicio de amparo.
El recurso que estaba detenido es el número 943/2017, radicado en el juzgado tercero de distrito, promovido por el panista para que su nombre no apareciera en la lista de funcionarios públicos sancionados y así pudiera competir por un cargo de elección popular en las próximas elecciones.
Desde abril del año pasado le fue otorgada la suspensión, sin embargo, el juicio no se concluyó debido a las quejas que frenaron su resolución.
La primera fue presentada por la ASE el 10 de agosto del 2017, para evitar que se realizara la audiencia programada para el 23 de ese mes.
Se frenó juicio sin motivos
Ese recurso detuvo el juicio de amparo por tres meses, sin un motivo aparente, ya que la auditoría no presentó nuevas pruebas o documentación extraordinaria, y ella misma retiró la querella el 7 de noviembre, probablemente para evitar sanciones por retrasar el proceso y así obstaculizar el acceso a la justicia.
Al quitarse el freno al caso de Rivera Pérez, se creía que ya sería resuelto, sin embargo, el Congreso presentó una nueva queja en diciembre, ahora para evitar que se celebrara la audiencia del 10 de enero.
Del mismo modo, sin ninguna razón en específico, el Legislativo retiró su inconformidad el pasado 18 de enero, luego de que se anunció que el PAN perfilaba al exalcalde como su futuro candidato al mismo cargo que ocupó del 2011 al 2014.
Ya sin un impedimento y con Rivera Pérez como precandidato, el miércoles se llevó a cabo la audiencia constitucional, en la que las partes demandantes (la ASE y el Congreso) ya no tuvieron inconveniente en que ahora sí se resuelva el juicio.
A través de un comunicado, el imputado señaló que confía en que la sentencia será “conforme a derecho“, al tiempo que reiteró que su defensa “siempre ha sido clara, honesta y transparente”.
De igual forma, rechazó las versiones periodísticas que señalan que las trabas a su juicio -que en su momento él denunció- fueron retiradas gracias a negociaciones entre Rivera Pérez y el grupo del exgobernador Rafael Moreno Valle, a quien acusaba de orquestar la “persecución política” en su contra.
“Contrario a lo afirmado por algunas versiones, ni la justicia ni la verdad están sujetas a negociaciones”, aseguró el precandidato en su pronunciamiento emitido la mañana de este jueves.
