El exlíder estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, denunció en el Tepjf que la Comisión de Orden y Disciplina omite resolver la inhabilitación que le impuso la Comisión Anticorrupción por presuntas anomalías en su gestión, que le impide ser candidato.
A través de un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales (JDC) promovido ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), impugnó la tardanza de una resolución debido a que estar procesado le impide contender por una candidatura a un cargo de elección popular o a uno partidista.
En el expediente SUP-JDC-56/2018, el exdirigente denunció que a dos meses de que la Comisión Anticorrupción solicitó la inhabilitación de Micalco Méndez por tres años, la sanción no ha sido ratificada ni revocada, así que el proceso se mantiene detenido, pero eso impide su participación política.
Su denuncia fue aceptada por el tribunal el pasado viernes 16 de febrero, un día antes de que el Partido Acción Nacional (PAN) definiera sus candidatos a una senaduría plurinominal, espacio que pretendía el imputado.
No puede buscar candidatura
Ahora solo le resta participar (si así lo quiere) por una diputación local, ya que las candidaturas serán definidas hasta principios del mes de marzo, pero para eso necesita que el juicio de inhabilitación se concluya.
El procedimiento en su contra se inició por una denuncia del actual presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Jesús Giles Carmona, quien lo acusó de un daño patrimonial de 700 millones de pesos, desvió de recursos y conflicto de intereses cometidos en 2015, último año de su gestión, por la compra de 15 terrenos que presuntamente se pagaron hasta 80 por ciento más caros que su valor catastral.
Micalco Méndez ha negado las acusaciones y ha afirmado que la denuncia se trató de una “venganza política” orquestada por el exgobernador Rafael Moreno Valle a través de Giles Carmona, con el fin el fin de expulsarlo del partido para que no se interponga en los planes del exmandatario.
Al no ser ratificada su inhabilitación, el acusado señaló que se debe a que no se han encontrado pruebas en su contra, lo cual significa que el juicio únicamente sirvió para frenar cualquier tipo de aspiración política, razón por la cual pidió la intervención del Tepjf para que se resuelva el proceso lo antes posible.
