Un juez federal negó cancelar el cobro “excesivo” de 36 mil 813 pesos por el servicio del agua a un ciudadano de Atlixco, además de que tampoco se sabe qué tarifa estableció el Soapama, organismo que esta cargo del mismo del servicio.
Así lo acusaron, en rueda de prensa, Guadalupe Bonilla Dumit, integrante de la Red de Defensa de Derechos Humanos (RDDH), y Ollin Amaro Ayometzi, del Frente Nacional de la Lucha contra el Socialismo (FNLS), quienes afirmaron que la justicia federal, en lugar de beneficiar a las personas, “está a favor de los grandes capitales”.
Bonilla Dumit recordó que este caso surgió el año pasado, cuando el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco (Soapama) intentó cobrar a Vicente García Morales dicha cantidad sin detallar los montos, por lo que, al negarse a pagar, la empresa amagó con cortarle el vital líquido.
Derivado de lo anterior, explicó, se promovió el juicio de amparo con el expediente 145/2017 radicado en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales del Estado de Puebla, mismo que lo sobreseyó y tuvo que interponerse un recurso de revisión.
Este último, dijo, fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, a cargo del magistrado Luis Manuel Villa Gutiérrez, quien resolvió, el pasado 3 de enero, que, si bien hay una violación del derecho humano al agua por parte del Soapama, avaló la constitución de créditos fiscales del adeudo.
Ordena hacer convenio a administrador
Y es que, detalló, el órgano judicial en la resolución deja a criterio de la autoridad responsable del servicio determinar la capacidad económica de los usuarios para elaborar convenios, pero no para incidir en la imposición de cuotas que en Atlixco, reiteró, “son exorbitantes”.
Criticó este terminó ya que –dijo– García Morales tiene más de 60 años, vive junto con su esposa y su nieto quien tiene una discapacidad y aun así le demandan, el cual contempla desde enero de 2015 hasta diciembre del año pasado, cuando sus únicos ingresos son los obtenidos gracias al programa “65 y más”.
Sostuvo que con esta acción, la justicia federal lo “único que da a entender” es que el Soapama puede llegar a un convenio con el usuario, pero si no lo paga se le podrá cortar el servicio de agua e incluso fincar un crédito fiscal.
“Esto es una aberración, lejos de proteger a los derechos humanos escalan el problema poniendo en riesgo de manera arbitraria el patrimonio de los usuarios, pues los deudores no sólo deberán preocuparse por cumplir con el pago de tarifas impuestas desde el Cabildo, sino que se enfrentan a la amenaza de que al no hacerlo les cortaran el servicio”, pronunció.
Refirió que las tarifas determinadas para este año están, en caso de un medidor de agua, en las zonas populares de 6.1 pesos por metro cuadrado, en zonas catalogadas como medio en 9 pesos y para el campestre residencial de 11.3 pesos, sin embargo, reiteró que no se sabe cuál fue el monto que se está cobrando al quejoso.
No se sabe tarifa que utilizó
Lo anterior, porque mencionó que en otras colonias o zonas donde el Soapama no administra el servicio del agua, los usuarios pagan alrededor de 360 pesos al año, lo que corresponde a 30 pesos mensuales, mientras que con los 36 mil 813 pesos que le están cobrando al quejoso ascienden a más de 10 mil pesos por año.
En ese tenor, sostuvo que el convenio que buscarán firmar con la empresa será en ese contexto, es decir, que el cobro sea de a 30 pesos por mes, con el argumento de que al no tener más ingresos que los del programa “65 y más” en el que le dan mil 100 pesos cada dos meses, no puede erogar más.
Por su parte, Amaro Ayometzi exhortó al Tribunal Colegiado que “corrija” su error, pues de lo contrario lo único que confirmará es que en sus criterios existe la consigna de “defender” los intereses privados, en lugar de los derechos de los sectores vulnerables.
Finalmente, dijo que este no es el único caso, pues se estima que existen por lo menos 70 personas en una situación similar a la de García Morales, pues los cobros incluso están por arriba de los establecidos en la capital poblana, por lo que también están analizando si se puede generar amparos individuales o colectivos ante esta situación.
