Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional promovida por San Pedro Cholula contra la Ley de Seguridad Interior (LSI), advirtió que hay “motivos de improcedencia”.
En un acuerdo de admisión, publicado este lunes, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, encargado de realizar el proyecto de sentencia, señaló que la demanda 4/2018, presentada por dicho municipio el pasado viernes, solicita la suspensión de dicha ley con argumentos inválidos, por lo que la medida no se concedió.
“Se advierte que la medida cautelar requerida no guarda relación alguna con la norma general impugnada, por lo tanto, no ha lugar a acordar favorablemente su solicitud de suspensión”, establece el acuerdo.
Dicho municipio solicitó la suspensión de la Ley de Seguridad Interior justificando su petición con un tema ligado a la prestación del “servicio de agua y alcantarillado”, que tiene relación más con la Constitución Política del estado de Puebla, y no con la legislación federal.
Aún así, Pardo Rebolledo pidió al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión emitir, en un plazo de 30 días, sus respectivos informes justificados sobre la LSI, donde respondan la demanda del municipio poblano, a fin de iniciar la integración del expediente del caso.
Proceso podría demorarse años
No obstante, no hay una fecha límite para que este proyecto sea discutido por la Primera Sala de la SCJN, por lo que podrían años para que se resuelva. Sólo por iniciativa propia o a solicitud de alguno de los Poderes de la Unión, se podría agilizar el caso.
El pasado 12 de enero, San Pedro Cholula presentó el primer recurso contra la LSI ante la SCJN, argumentando que la nueva legislación, aprobada por el Congreso federal el 14 de diciembre de 2017, vulnera la autonomía de los municipios en materia de la impartición de Seguridad Pública.
Ignacio Molina Huerta, secretario general de San Pedro Cholula, detalló que la controversia busca dejar sin efectividad los artículos 2, 6 y 11 que “vulneran lo establecido en el 115 constitucional”, donde se faculta a los ayuntamientos para dar el servicio de seguridad pública.
Editado por Luis Alberto Palacios
