Emilio Álvarez Icaza, exdirector de la CIDH, calificó de nepotismo que la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, Martha Erika Alonso Hidalgo, sea candidata a la gubernatura de Puebla –como se le perfila– pues acusó que se busca “heredarle” el poder.
El estado “no se merece una fórmula de familia, pareciera que no hay más capacidad en Puebla”, sentenció en su visita para respaldar al académico Enrique Cárdenas Sánchez en su búsqueda de la candidatura independiente al gobierno estatal.
Al señalar que si la también ex-secretaria del PAN local se convierte en abanderada significaría convertir la política “en un asunto de familias”, consideró que también habría riesgo de que se violentara la vida democrática en la entidad.
El también presidente de la organización “Ahora” consideró que para impedir “estos abusos” lo más viable es apoyar las candidaturas ciudadanas, como la de Cárdenas Sánchez y todos los aspirantes que reúne el movimiento “Sumamos”.
Felicitó a los aspirantes, “símbolo de dignidad y valentía”, quienes aseguró que demostrarán que “no tienen miedo” de Moreno Valle y que su grupo en el poder “no los asusta”. “Nosotros no tenemos acarreados, ni dinero para comprar votos; tampoco sombrillas o conciertos para manipular a la gente, pero tenemos propuestas, honestidad y compromiso”, enfatizó.
RMV “no asusta” a aspirantes
No obstante, lamentó que los requisitos del Instituto Electoral del Estado (IEE) para conseguir un espacio sean “patéticos” y excesivamente restrictivos, de tal forma que obstaculizan e inhiben la participación ciudadana.
“Puebla es el peor estado para buscar una candidatura independiente”, denunció el exdirector de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) al abrir su discurso en la presentación de “Sumamos” ante estudiantes de la Universidad Iberoamericana.
A su parecer, es absurdo exigir a los aspirantes el apoyo del 3 por ciento de ciudadanos en edad para votar, cuando para conformar un nuevo partido político se requiere sólo el 0.28.
“Es lamentable el hecho de exigir reunir ese porcentaje de firmas en 30 días, pero carece de lógica que para tener el permiso de reunirlas, se deban cumplir en 20 días trámites que toman uno o hasta dos meses, más aún en periodo vacacional”, dijo en referencia al requisito de tener que conformar una asociación civil registrada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Acusó que, sin duda, los lineamientos del IEE violentan los derechos políticos y humanos, al “bloquear” el paso a ciudadanos que aspiran llegar al poder público, por lo que respaldó la intención de Cárdenas Sánchez de presentar una queja en la CIDH.
Asimismo, llamó a los alumnos a apoyar las candidaturas ciudadanas, única vía para transformar el poder público y “devolver la dignidad” a la democracia del país.