El gobernador Antonio Gali Fayad envió al Legislativo local la iniciativa de Ley del Tribunal de Justicia Administrativa, cuya función será imponer sanciones a los servidores públicos y que en menos de una semana sería avalada para cumplir con el plazo federal.
En el punto 15 del orden del día de la sesión ordinaria del Congreso de Puebla se dio entrada al oficio SGG/097/2017 de la Secretaría General de Gobierno (SGG), el cual fue turnado a comisiones para su revisión.
El documento consta de 53 artículos y seis transitorios, el cual prevén aprobar el próximo 18 de julio, un día antes de cumplirse el límite constitucional que tienen los congresos locales para fijar las nuevas reglas de los sistemas locales, que se homologarán con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
En la nueva ley, se señala que deberá quedar instalado y entrar en funciones a más tardar dentro de los ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto de ley.
Magistrados ocuparán cargo por 15 años
Además, los magistrados ocuparán el cargo 15 años improrrogables; es decir, hasta 2032, además que tendrán la obligación de presentar cada 5 años un diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre su trabajo ante el tribunal.
No obstante, el artículo 29 señala que podrán ser removidos de sus cargos por las siguientes causas graves: incurrir en violaciones graves a los derechos humanos a en faltas administrativas graves; haber sido condenado por delito doloso; faltas consecutivas a su cargo como magistrado o, utilizar en beneficio propio información que disponga en razón de su cargo.
Asimismo, por abstenerse de resolver sin causa justificada los asuntos de su competencia dentro los plazos previstos por la ley y, por faltar gravemente en el ejercicio de su cargo.
De acuerdo con la propuesta, este órgano servirá para imponer sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en éstas.
Ley de Responsabilidades se definirá a nivel nacional
Al respecto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui informó que con ello el Legislativo concluiría con los trabajos pendientes respecto al del Sistema Anticorrupción de Puebla.
Indicó que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) resolverá las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre los gobiernos municipal y estatal con empresas privadas en temas fiscales; además, será la instancia encargada de sancionar irregularidades tanto de funcionarios como de particulares.
Destacó que, es facultad del Ejecutivo proponer a los tres magistrados que conformarán el nuevo tribunal, y quienes serán votados directamente en el pleno del Congreso local, de no aceptarse Gali Fayad deberá hacer una nueva propuesta.
Respecto a la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, que aún está pendiente, refirió que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) analiza la conveniencia o no de que los estados emitan sus propias leyes de responsabilidades o bien que la ley del Congreso de la Unión se aplique de manera general, por lo que, el Legislativo decidió adherirse a lo que se decida.
Suplente de Pablo Morales rinde protesta
Por otra parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política informó que se recibió la notificación del Cabildo del ayuntamiento de Palmar de Bravo, en donde se informa que Miguel Vélez Severino rindió protesta como presidente municipal ante la licencia de 90 días solicitada por Pablo Morales Ugalde quien fue procesado por lavado de dinero.
Agregó que el Congreso no tiene ninguna injerencia en el tema de Palmar de Bravo, puesto que ya rindió protesta el suplente del alcalde Morales Ugalde, así como recordó que en caso de que no hubiera aceptado Vélez Severino entonces se habría nombrado a un nuevo alcalde como se sucedió en Puebla capital con Luis Banck Serrato.
