PRI y PAN rechazaron que la reciente reforma aprobada al artículo 12 de la Constitución local busque “privatizar” el servicio de agua potable, pues establece que el Estado, como ente de gobierno, está obligado a proporcionar el vital líquido como un derecho humano.
En entrevista, el diputado del PRI, Francisco Jiménez Huerta, refirió que el 67.7 por ciento de los municipios dieron el visto bueno a la iniciativa –es decir, 147 de los 217 municipios– relacionada con uno de los compromisos del próximo gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad.
Explicó que lo aprobado el 6 de enero corresponde a una armonización con la Constitución federal, pues se plasmó en la local “lo mismo” que dice el artículo 4 de la Carta Magna.
El cual, refirió, en su párrafo sexto, establece el acceso al agua como un derecho humano, además que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado, conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.
Concesión no requiere reforma
Argumentó que para que el servicio del agua sea concesionado no se requiere la reforma, pues basta con que los ayuntamientos firmen acuerdos “en privado” con las empresas interesadas, como –dijo– ocurrió en Puebla capital.
“Es una armonización, así lo dice el texto de la Constitución federal, es una función del Estado como conjunto, no como poder Ejecutivo, la constitución es muy explícita cuando alguien va a controlar algo si dijera el titular del Ejecutivo, ahí sí habría que preocuparse”, acotó.
Por su parte, Jorge Aguilar Chedraui, coordinador del grupo legislativo del PAN, que impulsó la iniciativa, argumentó que la Constitución local no establecía este derecho al agua como parte de los derechos humanos fundamentales como la salud y la educación.
Por lo anterior, fue tajante al señalar que la reforma legal tenga intención de privatizar el servicio, “todo lo contrario, lo que buscamos es elevar a derecho fundamental en Puebla, lo que ya está contemplado en la Constitución Federal”.
JJ amenaza con controversia
En tanto, el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, amenazó con que si el 6 de febrero no se logra reunir la mitad más uno de los Cabildos en el sentido de rechazar dicha reforma, presentaría una controversia constitucional, al afirmar que es violatoria a la autonomía municipal.
Y es que, este lunes, notificó de manera oficial al Congreso de Puebla el rechazo de su Cabildo a la reforma constitucional, por lo que comentó que ha invitado al resto de presidentes municipales a “no dejarse engañar o manipular ya que es muy claro que esa reforma fue más allá de lo que convocó el Constituyente en el sentido de cumplir cierto ordenamiento de la ONU en materia del derecho de acceso al agua”.
