El PT y del PRI en el Congreso local presentaron reformas a la Ley para el Acceso de las Mujeres a la Vida sin Violencia y al Código de Instituciones y Proceso Electorales de Puebla (Coipep) en materia de violencia política de género; aún no establecen sanciones.
En la sesión ordinaria de este jueves, la coordinadora del Partido del Trabajo (PT), Lizeth Sánchez García, explicó que dichas iniciativas buscan establecer las acciones que son consideradas como una agresión en contra del pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en Puebla.
Lo anterior, debido a que Puebla se ubica dentro de los primeros cinco estados a nivel nacional con mayor reincidencia en violencia de género en el periodo 2016-2017, al contar con tres carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
En ambas normativas se establece como “violencia política en razón de género, la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público. Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género”.
Cabe mencionar que el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Puebla, Marco Rodríguez del Castillo, ha señalado que el delito de violencia política contra las mujeres sigue sin ser sancionado, por lo que –dijo– será la presión de la sociedad la que obligue a legisladores a tipificar el delito.
Aplicaría para elecciones de 2018
Asimismo, se constituyen acciones y omisiones que configuran violencia política de género las siguientes el proporcionar información o documentación incompleta o errónea con el objeto de impedir el ejercicio pleno de los derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones o facultades.
Difundir información con la finalidad de limitar el ejercicio de los derechos político-electorales o impedir el ejercicio de sus atribuciones o facultades e impedir la reincorporación al cargo o función posterior en los casos de licencia o permiso conforme a las disposiciones aplicables; entre otras.
En entrevista, indicó que por el momento no se establecerán sanciones a quienes incurran en dichas acciones u omisiones debido que únicamente se fijarán los criterios para considerar este ilícito.
Asimismo, confió en que la reforma se aprobará durante los próximos meses y aplicará para el proceso electoral 2018, pues a la iniciativa se sumaron los grupos legislativos del PVEM, PRD, Compromiso Por Puebla (CPP), Nueva Alianza (NA) y el diputado adherido a Morena, Julián Peña Hidalgo.
