El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Puebla, Marco Rodríguez del Castillo, señaló que será la presión de la sociedad la que obligue a legisladores a tipificar el delito de violencia política contra las mujeres, pues no es sancionado hasta el momento.
Durante su ponencia en el foro “Tipificación de la violencia política de género” destacó que el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres no contempla sanciones hacia quienes cometan ese tipo de acciones.
Comentó que las instituciones que participaron en su elaboración no están facultadas para emitir sanciones, por lo que será la presión de los ciudadanos lo que haga que la ley se adecue a las nuevas circunstancias sociales.
Asimismo, mencionó que el Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla no ha recibido denuncias de este tipo de casos, no obstante, llamó a partidos políticos y legisladores a tener sensibilidad sobre el tema, “debemos hacer un esfuerzo para que haya una tipificación en las leyes penales y pueda haber una sanción en contra de los responsables, no solo el resarcimiento del daño”.
Sostuvo que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) son vigilantes de los partidos para que cumplan con las normas generales que buscan garantizar la participación política de mujeres, e incluso el Tepjf ha emitido criterios para inhibir dicho tipo de actos u omisiones.
De acuerdo a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Puebla ocupa el quinto lugar en número de carpetas de investigación por violencia política de género, uno corresponde a la ex-candidata independiente, Ana Teresa Aranda Orozco y otro de la regidora de Tecamachalco, Ruth Zarate Domínguez.
Garantizan elecciones pese a inseguridad
Por otra parte, rechazó que la inseguridad en el “Triángulo Rojo” afecte la realización del proceso electoral de 2018 en dicha región, aseguró que habrá casillas para que los ciudadanos depositen su voto.
Indicó que eventualmente tendrían que coordinarse con las autoridades estatales y federales para evitar y atender cualquier incidente que se pueda presentar, para salvaguardar la integridad de los ciudadanos y colaboradores del INE.
