Iniciativas presentadas en el Congreso de Puebla pidieron incluir la violencia digital como agresión a las mujeres, a fin de que sea castigada y que, por ley, rutas de transporte público, ejecutivo y mercantil (taxis) tengan unidades solo para el género femenino.
Todo esto con el fin de que las mujeres tengan espacios públicos “seguros”, dado que, en los últimos meses, en la entidad se han registrado “severos casos de violencia contra ellas”.
La primera iniciativa contempla adicionar una fracción VII y recorrer la subsecuente del artículo 10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, a fin de que la “digital” sea reconocida como un tipo de violencia, para que también se catalogue como un delito y, en consecuencia, se castigue.
En el oficio, presentado a la Comisión Permanente el martes, se describe a dicha agresión como “toda acción que limite las libertades de la mujer relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, así como la divulgación sin consentimiento, a través de medios digitales, de material con contenido erótico y/o sexual, verdadero o alterado, que atente contra la integridad y la dignidad de la mujer”.
Asimismo, agrega que este tipo de violencia abarca una serie de conductas entre las que destacan: el ciberacoso, la publicación de imágenes (preponderantemente de contenido sexual) sin consentimiento de la víctima y violaciones a la privacidad en redes sociales por parte de terceros (generalmente la pareja).
Habría siete tipos de violencia
De aprobarse, en Puebla quedarían reconocidos siete tipos de violencia contra la mujer: física, psicológica, económica, patrimonial, sexual, obstétrica y digital.
La propuesta fue hecha por el diputado priista José Chedraui Budib y, por unanimidad, la Comisión Permanente la turno a la de Derechos Humanos e Igualdad de Género para su análisis y posible aprobación.
Por otra parte, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Geraldine González Cervantes, presentó una iniciativa para agregar un último párrafo al artículo 12 y un segundo párrafo al artículo 12 bis de la Ley del Transporte del Estado.
En ese artículo, se describen los tipos de transporte en: I. servicio público de transporte (rutas); II. mercantil de personas (taxis); III. mercantil de carga; IV. complementario (turibuses y tren turístico) y V. ejecutivo (mediante plataformas digitales, como Uber).
La legisladora propuso que, después de la descripción, se agregue: las empresas referidas en los puntos que preceden deberán ofertar y prestar el servicio exclusivo para mujeres, con conductoras del sexo femenino.
Incluyen turibuses
Dicho de otra forma, se volvería obligatorio que las unidades de rutas, turibuses, taxis y de transporte ejecutivo cumplan con esta medida, mientras que el transporte de carga quedaría exento.
El artículo 12 bis –agregado el año pasado– solo se refiere al transporte ejecutivo, pues señala que: para efectos de esta ley, se entenderá como empresa de redes de transporte aquellas sociedades mercantiles nacionales que, basándose en el desarrollo de las tecnologías de los teléfonos inteligentes y los sistemas de posicionamiento global y de pagos electrónicos, medien el acuerdo entre usuarios y prestadores del servicio ejecutivo entre particulares, a través de aplicaciones en teléfonos móviles, y cuyos esquemas tarifarios serán determinados por la misma.
González Cervantes planteó que se le agregue el siguiente párrafo: dichas tecnologías deberán incluir el funcionamiento y fácil visualización de un botón de alerta mediante el cual el usuario pueda reportar en tiempo real la comisión de algún delito o la existencia de alguna anomalía o inminente peligro.
Lo anterior -dijo- con el objetivo de frenar prácticas en el transporte como el tocamiento, insinuaciones, miradas lascivas, toma de fotografías, piropos, acoso en general y actos de violencia que pueden desembocar en consecuencias más graves.
La iniciativa fue aceptada por la Comisión Permanente y remitida la de Derechos Humanos e Igualdad de Género, así como a la de Transportes y Movilidad para su análisis.
Todo esto surge en un ambiente de exigencia social y política para que en Puebla se declare la alerta de género, ya que a la fecha suman 52 feminicidios oficialmente reconocidos y 85 contabilizados por organizaciones civiles.
