María de Lourdes Dib Álvarez, David Paz Moreno y Alfonso Siriako Guillén Almaguer fueron designados por el gobernador Antonio Gali Fayad como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa; estarán en el cargo 15 años y atenderán casos de corrupción.
Los nombramientos fueron revelados la mañana de este martes en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, quien dio entrada a las designaciones que serán ratificadas en el pleno en una sesión extraordinaria.
Dib Álvarez fue regidora del PRI en la Angelópolis del 2011 a 2014, durante la administración del panista Eduardo Rivera Pérez.
Paz Moreno funge como suplente de Gabriel Marcos Moreno Gavaldón, magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), apenas designado en enero.
Por su parte, Guillén Almaguer es actualmente representante de Martha Vélez Xaxalpa, secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT) estatal.
Serán 7 magistrados
Las designaciones fueron enviadas a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, así como a la Comisión de Asuntos Jurídicos, a fin de que estas avalen los nombramientos y luego las turnen al pleno.
El 26 de agosto, Gali Fayad envió una iniciativa al Congreso para incrementar de tres a siete el número de magistrados, además de reducir de 15 a 13 los años que estarán en el cargo, pero la propuesta aún no es dictaminada, pues la legislatura se encuentra en receso, tras concluir el periodo ordinario de sesiones.
Sin embargo, es muy probable que al comenzar el siguiente periodo de sesiones -en septiembre- sea aprobada la reforma.
De esta manera, se esperará que Gali Fayad designe a las otras cuatro personas que conformarán el organismo que se encargará de atender denuncias por casos de corrupción por parte de funcionarios.
Sancionará a funcionarios y particulares
También, el tribunal estará integrado por salas, resolverá controversias entre particulares y las administraciones públicas estatal o municipal; además de que tendrá facultades para imponer sanciones a los servidores públicos estatales y municipales.
De igual forma, podrá sancionar a los particulares que incurran en faltas administrativas graves y fincar a los responsables el pago de sanciones económicas.
Se espera que las siete personas sean ratificadas por el Congreso y, una vez que esto ocurra, entrará en funciones el tribunal, que es un requerimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.
