El gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, propuso que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) esté integrado por hasta siete magistrados –no tres como se tenía previsto– quienes por única ocasión tendrían un periodo de 13 años.
Lo anterior, a través de una reforma al tercer párrafo de la fracción X del artículo 12 constitucional, en la que se precisa que el tribunal se integrará hasta por siete magistrados que durarán en su cargo quince años improrrogables y deberán reunir los requisitos que se señalen en la ley.
No obstante, en el transitorio tercero de la iniciativa se establece que, por única ocasión, los magistrados del TJA que se nombren y ratifiquen con motivo de este decreto durarán en su encargo 13 años, es decir, permanecerían en el cargo hasta 2030.
En octubre de 2016, el exgobernador Rafael Moreno Valle presentó la iniciativa para crear el Sistema Anticorrupción de Puebla, en la que se estableció la creación del Tribunal de Justicia Administrativa con tres magistrados que fuera designados por el Ejecutivo y que estarían en el cargo durante 15 años.
Recientemente el Congreso de Puebla avaló la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa en el que no se establece el número de magistrados, aunque se preveía que estuviera integrado por tres y sí, por el periodo de 15 años.
Tribunal determinará sanciones
Dicho tribunal estará integrada por salas que podrán ser especializadas, además se encargará de dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y las administraciones públicas estatal o municipal, y tendrá facultades para imponer, en los términos que disponga la ley de la materia, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave.
También, podrán sancionar a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves y, fincar a los responsables el pago de sanciones económicas que deriven de los daños que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos.
El Ejecutivo también remitió a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG) la iniciativa para derogar diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Puebla que tiene como objeto actualizar el marco jurídico de obligaciones administrativas de los funcionarios estatales para atender al nuevo orden en la materia.
Lo anterior, mientras no se defina desde la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) la viabilidad de aprobar la Ley de Responsabilidades Administrativas a nivel local.
Avalan Ley de Protección de Datos
Por otra parte, durante la sesión ordinaria el Congreso se aprobó por unanimidad la Ley de Protección de Datos Personales presentada por Gali Fayad, misma que tiene por objetivo proteger adecuadamente los datos personales y que cualquier organismo que administre información sea responsable de su manejo.
Cabe mencionar que dicha ley fue trabajada por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Itaip), la Coordinación General de Transparencia y el Congreso local, dando cumplimiento al plazo establecido a nivel nacional que vence este día.
Dentro de los sujetos obligados se encuentran: el poder Ejecutivo, sus dependencias y entidades; el Legislativo; el Judicial; los Tribunales Administrativos, en su caso, los ayuntamientos, sus dependencias y entidades; los órganos constitucionalmente autónomos; partidos políticos; fideicomisos y fondos públicos.