El miércoles pasado fueron cerradas cinco gasolineras más por haber presentado irregularidades, por lo que suman ya 12 los establecimientos suspendidos desde que iniciaron los operativos de la Federación para combatir el robo de combustible.
Así lo señaló, en entrevista, tras acudir a la instalación de la Comisión Ejecutiva para el cumplimiento de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el gobernador Antonio Gali Fayad, quien agregó que estas acciones también han generado que la venta del hidrocarburo robado haya pasado de 7 a 12 pesos el litro.
Refirió que la próxima semana continuarán los operativos por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y autoridades estatales, pues ya se tienen en la mira a otros siete establecimientos que podrían estar relacionados con este ilícito.
Detalló que la PGR cuenta con los nombres de los representantes legales de dichas estaciones de servicio para “atacar todos los frentes”, así como están investigando a los propietarios de los predios por donde pasan los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que están siendo ordeñados, lo cual –afirmó– antes no se hacía.
Dos son del alcalde de Palmar
En ese sentido, Gali Fayad comentó que las consecuencias penales que se den por este ilícito se sabrán una vez que concluyan las indagatorias, en las que también participa la Fiscalía General del Estado (FGE), pues no sólo son delitos del fuero federal sino también del local.
“Hoy tenemos este problema que no solo es de Puebla, sino de todo el país, por eso estamos combatiendo directamente el robo de combustible sumando fuerzas estado, Federación y los municipios, porque como lo hemos dicho siempre, nadie por encima de la ley”, expreso.
Cabe mencionar que, a inicios de mes, Pemex rescindió contratos de franquicia a siete gasolineras por “irregularidades” en sus ventas e “inconsistencias fiscales”, de las cuales se ubican en los municipios de Tecamachalco, Huixcolotla y Quecholac, mientras que en Palmar de Bravo y Cuyoaco, fueron dos en cada uno.
En el caso de Palmar de Bravo, el propietario es el alcalde de dicha demarcación, Pablo Morales Ugalde, quien en varias ocasiones ha insistió en que no tiene vínculos con las bandas que se dedican al robo de combustible, sino que se trata de un tema administrativo.
