El sexenio del panista Rafael Moreno Valle, que concluirá el 31 de enero, se caracterizó por la represión, persecución y encarcelamiento de sus críticos, así como las violaciones a los derechos humanos, la privatización de servicios y el endeudamiento.
Así fue la evaluación que académicos, líderes sociales y ciudadanos realizaron de la administración morenovallista en el marco de su sexto y último informe de labores.
Minutos después de las 4 de la tarde, reunidos en el asta bandera del zócalo, luego de que más de 5 mil personas participaron en la marcha para “despedir” el gobierno del panista, dieron inicio al acto catalogado como “contrainforme”.
El primero en dar su evaluación fue el economista Eudoxio Morales Flores, quien aseguró que Moreno Valle dejó a la entidad una deuda de 76 mil millones de pesos debido a obras financiadas bajo el formato de Proyectos por Prestación de Servicios (PPS) como el Museo Internacional del Barroco (MIB) y el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, los cuales “no son reconocidos como deuda, pero lo son”.
Graves violaciones a DH
Lo anterior, explicó, debido a que el Ejecutivo local “cambió” la Ley de Deuda Pública estatal en 2013, por lo que el endeudamiento será oculto al menos hasta mayo, si el Congreso federal estipula las leyes secundarias de la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios.
Posteriormente, fue el turno de Eduardo Morales Sierra, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de la Universidad Iberoamericana Puebla, quien acusó que en el sexenio morenovallista se registraron “graves” violaciones a los derechos humanos, principalmente al agua y al territorio.
Y es que señaló que durante los últimos 4 años, se concesionó el 25 por ciento del territorio poblano, especialmente en la Sierra Norte, para construir los llamados “proyectos de muerte” como mineras, gasoductos y plantas hidroeléctricas.
Además, afirmó que durante su campaña, Moreno Valle se comprometió a sanear el Río Atoyac, lo cual no cumplió, “negando” así el derecho al agua a los poblanos.
El caso de Chalchihuapan
También, enfatizó que la “persecución” emprendida contra las juntas auxiliares como San Miguel Canoa y La Resurrección fueron una muestra del régimen “autoritario”.
Pero el caso que sin duda sentó precedente en la entidad –puntualizó– fue la “represión” contra los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, cuando el 9 de julio de 2014 se registró un enfrentamiento con policías estatales y terminó en la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.
Para dar testimonio del tema, cedió la palabra a la mamá de la víctima, Elia Tamayo Montes, quien expresó su repudio contra el mandatario local, a quien acusó de “represor y asesino”.
Por ello, frente al menos 200 personas que presenciaron el acto, exigió justicia por la muerte de su hijo, ya que el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Facundo Rosas Rosas, no fue procesado por ordenar el operativo que también dejó decenas de mutilados y heridos de gravedad.
Despojo de tierras
Después, Violeta Valdez, integrante del Frente Indígena Campesino, tomó el micrófono para dar a conocer la batalla que enfrentan nativos de la Sierra Norte con empresas mineras canadienses y chinas, que tratan de despojarlos del agua y de sus tierras donde cultivan.
Por otro lado, José Luis García Bello, integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA), reprobó la gestión de Moreno Valle debido a que el 13 de septiembre de 2013 decretó modificar la Ley de Aguas, con la cual “privatizó” el servicio.
Detalló que tras el decreto, se entregó la administración del líquido a la empresa Concesiones Integrales, quien a través de su filial Agua de Puebla elevó las tarifas hasta en 500 por ciento a pesar de no brindar el servicio, pues muchos usuarios han denunciado desabasto.
Y es que –aseguró- la inconformidad no es aislada y como ejemplo de ello reveló que suman 55 amparos por cobros excesivos, mientras que se presentaron 45 por cancelación de drenaje sanitario de manera injustificada.
Burócratas también lo reprueban
En tanto, el abogado Abelardo Cuéllar Delgado, defensor de los derechos laborales de más de una centena de burócratas despedidos en la gestión de moreno Valle, apuntó que el mandatario poblano “golpeo y violentó” de manera severa los derechos de sindicalizados y agremiados de distintos sectores.
Como ejemplo, citó al Sindicato Autónomo de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Satcobaep) y al Sindicato Único de Trabajadores del Issstep (Sutissstep), ambos “hostigados” desde la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) por el gobierno estatal.
Tras los pronunciamientos, los presentes gritaron consignas como “Fuera Moreno Valle” y “adiós gober bala”, a manera de “despedida” para el Ejecutivo poblano.
