Javier Lozano Alarcón, Jefe de la Oficina del gobernador, rechazó que en Puebla haya presos políticos, aunque afirmó que recibirán las 16 mil 209 firmas que entregará una organización que pidió revisar más de 300 casos de activistas.
En entrevista, tras asistir a la Sesión Solemne del Consejo Universitario de la BUAP, aseveró que dicho “concepto no se encuentra en el diccionario, vocabulario ni política” pública del gobierno estatal de Antonio Gali Fayad, por lo que verá de qué se trata el tema de las firmas.
Ante la pregunta de qué son entonces los distintos activistas encarcelados en la administración de Rafael Moreno Valle, el funcionario estatal respondió que no sabía, por lo que era necesario ver cada uno de los expedientes para conocer si han sido perseguidos y, por qué han sido puestos a disposición de las autoridades, consignados o sentenciados.
Incluso, ejemplificó que una persona llamada “presa política” es la que por conciencia, por ejercer libertad de expresión o por ejercer un oficio o ser antagónico a un régimen es privado de la libertad, por lo que –insistió– que en Puebla “no se tiene ese tipo de gente, no en este gobierno, no con esta lógica”.
“Veremos de que se trata, pero nosotros no jugamos a la persecuciones políticas, que quede claro que aquí nosotros no tenemos actitud, ni intención de mantener a alguien privado de su libertad, por una cuestión de conciencia o libertad de expresión por simplemente no coincidir con nuestro gobierno”, aseveró.
Cabe mencionar que el Comité Para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla recolectó 16 mil 290 firmas para exigir la libertad de los siete presos políticos y el cese a la persecución de 295 activistas, las serán entregadas en el Centro Integral de Servicios (CIS) este martes a la 1 de la tarde.
Seguridad no está rebasada, afirma
En otro tema, Lozano Alarcón descartó que las autoridades estén rebasadas en el tema de inseguridad, ya –sostuvo—ese es uno de los puntos prioritarios para la actual administración de Gali Fayad.
En ese sentido, aseveró que el combate al robo de combustible se está haciendo “como nunca antes” coordinándose con la Federación, para que cada orden de gobierno actúe en el ámbito de sus facultades.
Descartó que con la presencia de los elementos del Ejército, principalmente en la zona del “Triángulo Rojo” se esté militarizando a las poblaciones, sino que sólo lo están haciendo en auxilio a las autoridades civiles.
Reconoció que no hay policías que puedan enfrentar la delincuencia, porque no se tienen los suficientes que estén capacitados, preparados, entrenados, bien pagados ni honestos.
Por lo anterior, se pronunció a favor de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, ya que, consideró, así se daría un marco jurídico que brinde certidumbre a la creación de las fuerzas armadas para que se tenga un orden en este tema.
