Tras casi tres meses de recolectar firmas para exigir la libertad de los siete “presos políticos” y el cese a la persecución de 295 activistas, este martes serán entregadas en el Centro Integral de Servicios (CIS) las 16 mil 290 que fueron juntadas para pedir al gobierno estatal que atiendan el tema.
Así lo dio a conocer, en rueda de prensa, Carolina González Barranco, presidenta del Comité Para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla, quien agregó que ha “faltado contundencia” en materia de derechos humanos por parte de la actual administración.
Indicó que las rúbricas, que empezaron a juntar desde el 23 de febrero, se entregarán a la 1 de la tarde en el edificio ejecutivo del CIS, ya que ahí se encuentran oficialmente las oficinas del Ejecutivo estatal, al que también asistirán familiares y abogados de los activistas sociales presos.
“Nuestra intención es que gobernador Antonio Gali Fayad muestre una postura clara respecto al tema de los presos políticos; él en muchas ocasiones ha afirmado que son dos periodos distintos, pero en el actuar pareciera ser una política transexenal”, pronunció.
Refirió que este paquete de firmas también lo entregarán a las comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como al Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México.
UPVA, con más presos políticos
Recordó que la administración de Rafael Moreno Valle Rosas dejó 302 activistas procesados, algunos de ellos ya con sentencia, mientras que otros aún continúan su juicio, siendo la organización “28 de Octubre”, la que más tiene con cinco de sus integrantes en el penal de San Miguel.
En ese sentido, afirmó que Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, Atl Rubén Sarabia Reyna, Fernando Alonso Rodríguez, Xihuel Sarabia Reyna, José Muñoz Villegas, todos de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, así como Israel Pacheco Velázquez y Francisco Castillo Montemayor están “injustamente” encarcelados por “defender sus derechos”.
Si bien González Barranco dijo que el gobierno del estado concedió en menos de un mes la prisión domiciliaria a Castillo Montemayor y Sarabia Sánchez, no se puede catalogar como un avance, ya que por la edad que tiene el primero y el estado de salud en el que se encuentran ambos, la ley lo otorga como un derecho.
Finalmente, confió en que las autoridades estatales atiendan esta solicitud y no muestren una actitud análoga al sexenio anterior, que –sostuvo– estuvo caracterizado por el autoritarismo.
