Entre mayo de 2014 y junio de 2015, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) registró 109 agresiones a defensores ambientales en el país, ocho de ellas en Puebla, la entidad se ubicó entre los 10 con más ataques que van desde detenciones ilegales hasta homicidios.
Así lo reveló el estudio “La agenda de la sociedad civil frente a las industrias extractivas en México”, elaborado por el Centro de Análisis e Investigación (Fundar) y el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (Gflac).
De acuerdo a su registro de casos, estos ataques van al alza de manera constante desde 2010, en los estados de Sonora, Oaxaca, Estado de México y Guerrero hubo mayores índices de violencia contra las y los defensores del medioambiente de 2014 a 2015.
En tanto que Colima, Chihuahua, Chiapas y Puebla registraron el mismo número de ataques a activistas. En la lista figuran un total de 20 estados que reportaron ataques de este tipo en el periodo referido.
En 2016, Puebla lidera en agresiones
Según el documento, respecto a las agresiones documentadas en 2016, el estado de Puebla se encuentra involucrado en la mayor cantidad de casos, con cuatro, seguido por Tabasco, con tres, y Veracruz, con dos. Los estados de Colima, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala registran un caso cada uno.
En el tema de la industria minera, los impactos negativos que se destacan son al medio ambiente, al acceso a la tierra y el territorio, a la alimentación y a una vida digna. De los casos registrados y analizados, documentaron tres asesinatos y seis incidentes de intimidación y amenaza. Los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla registraron dos conflictos cada uno.
La economía y la producción de crudo y gas
Otro asunto que criticó la investigación es que aunque en Campeche, Tabasco, Tamaulipas, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Nuevo León y Coahuila son estados con la mayor producción de crudo y gas, y que debería crear crecimiento económico, el índice de marginación refleja una situación contradictoria, ya que esta actividad no se ve reflejada necesariamente en la calidad de vida de la población.
La investigación propone que es necesario promover la diversificación productiva del país y de los territorios donde se lleva a cabo la extracción de minerales e hidrocarburos. Esta diversificación debe ir orientada a aprovechar los bienes locales dándoles valor agregado y generar empleos de calidad a nivel local, con políticas enfocadas a los sectores más vulnerables y empobrecidos de la población.
Sin embargo, todas y cada una de estas acciones deben llevarse a cabo de manera que respeten las características culturales, sociales y ecológicas de los territorios y sus poblaciones, especialmente en los casos que afecten a comunidades indígenas y campesinas.
Cabe mencionar que en el “Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México 2017”, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imedec), señaló que en 2016 hubo 63 intimidaciones a ambientalistas en 18 estados, siendo Puebla el lugar cuatro con más casos, con un total de cinco.
