Durante el 2016, las agresiones en contra de las personas que defienden el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna en nuestro país sumaron 63 en 18 entidades; Puebla fue el cuarto estado con más casos, con un total de cinco hechos.
Lo anterior de acuerdo con el “Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México 2017”, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imedec).
Las entidades con el mayor número de ataques fueron el Estado de México y Sonora con 12 casos cada uno; Oaxaca con 6 casos; Puebla con 5 casos; Colima y Campeche con 4 casos; Veracruz y Chiapas con 3 casos; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California Sur con 2 casos; y finalmente Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Ciudad de México con sólo un caso.
El documento reveló que las agresiones más comunes fueron dirigidas a personas (139) y en menor medida a organizaciones de la sociedad civil (10) y comunidades (20).
Los megaproyectos y actividades donde más se registraron casos de ataques fueron los hidráulicos, con 17, (incluyendo políticas públicas en torno al agua), seguidos de los proyectos mineros (10), de infraestructura (8) e hidroeléctricos 73, 5 inmobiliarios, 4 despojo de tierras, 4 por eólicos, 2 por contaminación, 2 turísticos, 2 transgénicos y 2 por tala clandestina.
Tierra y territorio, el recurso más afectado
Asimismo, de los 63 casos registrados el recurso natural más afectado fue la tierra y el territorio con 27 casos, seguido del agua con 24 casos; bosque y medio ambiente en general con 5 casos cada uno; y ecosistema costero y manglar con 1 caso cada uno.
Los tipos de agresiones más recurrentes fueron las amenazas (24 por ciento), seguidas de la intimidación con un 19 por ciento, la criminalización en un 18 por ciento y las agresiones físicas se presentaron en un 15 por ciento.
Otras ataques fueron el hostigamiento con 11 por ciento, la difamación con 6 por ciento, la privación ilegal de la libertad, el desalojo forzoso, el allanamiento y robo en un 2 por ciento cada uno.
Y sólo se registró un caso de homicidio, el cual ocurrió en el estado de Chihuahua, vinculado con tala clandestina.
El reporte concluyó que la corrupción y la impunidad son factores que propician las agresiones a los defensores del medio ambiente, así como el incremento de los conflictos socio-ambientales por los intereses económicos implicados, otra causa de estos conflictos es el desequilibrio del poder entre los estados, las empresas y los defensores de los derechos humanos ambientales.
Cabe recordar que la asociación Espacio OSC acusó en su informe “Protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas: La deuda del Estado mexicano”, las agresiones a periodistas, así como a las personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente son una constante y van en aumento en el país.