Organizaciones de derechos humanos de Latinoamérica criticaron la denominada “ley bala” de Puebla y la represión policiaca en el caso de Chalchihuapan el 9 de julio de 2014, que provocó posteriormente la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo.
Este miércoles, un colectivo integrado por 10 asociaciones presentaron el informe “Los estados latinoamericanos frente a la protesta social”, el cual explica que en la mayoría de estados o departamentos de ocho países Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela existe una respuesta estatal violenta a protestas y criminalización de activistas.
El estudio critica las normas de regulación de la fuerza pública y movilidad al señalar que clasifican a las manifestaciones entre “de mera manifestación de ideas”, por un lado, y “violentas”, por el otro.
Asimismo, estas leyes otorgan facultades amplias e imprecisas a las autoridades encargadas de la seguridad para que hagan uso de la fuerza pública e incluso disuelvan manifestaciones bajo la justificación de asegurar supuestos como “tranquilidad, seguridad ciudadana, orden y paz pública” que por su vaguedad pueden ser interpretados y utilizados “de manera arbitraria”.
Por ello, las organizaciones civiles piden la revisión de estas leyes y su adecuación al respeto de derechos humanos, así como adoptar herramientas como protocolos, leyes e interpretaciones judiciales protectoras de derechos.
Este estudio también señala que las políticas públicas buscan limitar o restringir las manifestaciones y la existencia de impunidad de las violaciones de los derechos humanos y solo hay algunas experiencias que muestran voluntad de desarrollar mecanismos democráticos de gestión de los conflictos; sin embargo, tuvieron dificultades para transformarse en políticas públicas con continuidad.
Intervención estatal represiva
Además, indica que el impacto más grave de las normas inadecuadas es que habilitan, por la vía legal o por la administrativa, la intervención estatal represiva cuando las manifestaciones no cumplen con los criterios establecidos.
“En algunas normas e iniciativas de ley esto ocurre de manera explícita, porque se habilita a reprimir; en otras, ocurre de forma indirecta para justificar la represión”.
Cabe mencionar que el caso de Chalchihuapan –donde pobladores de esa localidad se manifestaron para exigir el regreso del registro civil—fue atraído por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que lo clasificó como un caso grave de violación a los derechos humanos.
A la fecha, no ha recibido ninguna sanción por los hechos el exsecretario de Seguridad Pública Facundo Rosas Rosas, quien encabezó el operativo, durante el sexenio del exgobernador Rafael Moreno Valle.
Otro caso citado en el informe fue la detención de jóvenes que protestaron el 10 de noviembre de 2014 en la ciudad de México para exigir a las autoridades federales la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quienes además fueron golpeados por policías.
Entre las organizaciones que elaboraron el informe están Justiça Global, de Brasil; Corporación Humanas y Observatorio Ciudadano, de Chile; CAJAR- Colectivo de Abogados José Álvarez Restrepo, Colombia; Asociación Pro Derechos Humanos, Perú; CELS- Centro de Estudios Legales y Sociales, de Argentina.
Así como Centro Prodh- Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, México; Fundar- Centro de Análisis e Investigación, México; Frente por la Libertad de expresión y la protesta social, México; Codehupy- Coordinadora Derechos Humanos Paraguay; Provea- Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Venezuela.
