Gobierno, sin cumplir recomendación de CNDH; intenta sobornar a víctima. Foto: Jafet Moz / EsImagen
Gobierno, sin cumplir recomendación de CNDH; intenta sobornar a víctima. Foto: Jafet Moz / EsImagen

Stephanie Márquez Fuentes, víctima de negligencia médica en Cuetzalan, acusó que la Contraloría estatal le ofreció 20 mil pesos para dar por cumplida la recomendación de la CNDH, pero no aceptó, por lo que exigió a la administración reparar el daño.

En rueda de prensa, aseveró que luego de que su hija recién nacida perdió la vida en el Hospital General de Cuetzalan, por carecer de equipamiento necesario para ser atendida, en 2014, el organismo nacional atrajo el caso catalogando como violencia obstétrica.

La afectada indicó que el 28 de noviembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) notificó, mediante la recomendación 054/2016, tanto al gobernador Rafael Moreno Valle, como a otros seis funcionarios del sector salud la necesidad de la reparación integral del daño a la afectada.

Dicho documento contempla cinco puntos a cumplirse, uno de ellos que se inscriba a los padres de la menor que perdió la vida en el Registro Estatal de Victimas de Puebla que corre a cargo de la Comisión Estatal de Victimas de Puebla a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos.

En este tema, especificó que al no existir una estancia en la materia, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) es la responsable en atender el punto, sin embargo, el organismo autónomo a cargo de Adolfo López Badillo, a través del oficio DQO/190/2017, informó que no podía ser atendida.

CDH es “omisa”, acusan

Márquez Fuentes reprobó tal pronunciamiento al señalar que, de acuerdo con transitorio sexto de la Ley de Protección a Víctimas para el estado de Puebla aprobado el 26 de noviembre de 2014, “en tanto se actualizan los plazos a que se refieren los artículos anteriores, la Comisión de Derechos Humanos en el ámbito de su competencia proveerá lo conducente para atender a las víctimas de violaciones de derechos humanos”.

Asimismo, recordó que el 3 de diciembre, a través de la Secretaría de la Contraloría, el gobierno del estado quiso entregar 20 mil pesos a la familia para dar por cumplida con la reparación del daño, cantidad que –reafirmó– no fue aceptada, pues no se trata de un tema económico.

Acompañado de integrantes del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (Miocup) perteneciente a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA–MN), pronunció que “como se puede observar hay una aberrante negativa por parte de las autoridades actuales a un derecho fundamental de las víctimas en este caso”.

Otro de los puntos contempla que como medidas de rehabilitación, atención médica y psicológica a la pareja afectada, la cual deberá ser gratuita e inmediata en un lugar accesible por el tiempo necesario e incluyendo la provisión de medicamentos.

Mientras que como medida de satisfacción se solicita a las autoridades que colaboren con la CNDH en el trámite de la queja que se presente en la Contraloría del estado, así como la investigación administrativa a quienes supieron del caso y se inicie procedimiento de determinación de responsabilidades contra del personal médico adscrito al Hospital de Cuetzalan y respecto a la denuncia penal que se presente ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Puebla, segundo con más recomendaciones

El cuarto punto detalla que como garantías de no repetición se deben realizar dos cursos de capacitación en el hospital en materia de derechos humanos de las mujeres y la niñez, contar con la infraestructura necesaria y el personal  médico especializado suficiente en el área de ginecología de dicho nosocomio y medicamentos.

En tanto, el quinto punto señala que se deberá indemnizar a las víctimas por considerarse en particular que se trató de hechos que constituyeron violación a los derechos a la vida y la salud.

Por lo anterior, Márquez Fuentes exigió a las autoridades estatales cumplir con dicha recomendación, además que sean tratados por igual por el personal médico y no sean discriminados por ser de origen indígena.

Cabe mencionar que este reporte es el tercero entre 2014 y 2016, colocando a la entidad en segundo lugar a nivel nacional con más observaciones en dicho tema. 

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Comunicólogo por formación y reportero de profesión en Angulo 7 Noticias desde octubre de 2014. Poblano de Libres radicando en la capital, persona sería y en ocasiones divertida, amante del fútbol...