Con el retiro de los artesanos de Cholula que estaban en la explanada de Iglesia de Los Remedios, los ayuntamientos de San Pedro y San Andrés sólo generarán más desempleo, además es una “imposición”, ya que tenían “muchos” años vendiendo en esa zona.
Así lo señaló, Marco Antonio Mazatle Rojas, integrante del Observatorio Ciudadano Laboral Poblano (OCLP), quien agregó que las comunas cholultecas primero deberían explicar por qué su insistencia en quitarlos antes de tener un lugar donde reinstalarlos.
Indicó que al no dejarlos vender los están afectando en sus ingresos, y varios de ellos dependían de ese trabajo, por lo que criticó que los ayuntamientos en lugar de dar apertura a los artesanos locales hayan mandado a la fuerza pública para quitarle sus cosas.
“En lugar de llegar a un acuerdo, lo que están haciendo es quitarlos por un capricho, lo que deberían hacer es dialogar con ellos, no quitarles su trabajo o fuente de empleo que provoca delincuencia y más ahorita que la delincuencia está aumentando”, pronunció.
Piden al rector de BUAP aclarar acusaciones de abusos
Por otra parte, durante la rueda de prensa denunció que directivos y consejeros de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) están pidiendo “favores sexuales” y acosando a estudiantes, incluso hasta una de ellas ha recibido amenazas de muerte.
Detalló que uno de ellos es José de Jesús silvestre Chávez, que es consejero de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la institución, y quien a través de redes sociales mando varios mensajes a Itzel Oros Rosete, a quien le dijo que acabaría con su carrera universitaria.
Refirió que el universitario “goza de mucha influencia” dentro de la BUAP, además de que su mamá Silvia Chávez Guevara, tiene la concesión del servicio de banquete, eventos y alquiler de salones para los festejos de la máxima casa de estudios del estado.
Otro de los casos, comentó, es el de Julio Galindo, secretario del Consejo Universitario, y de quien los estudiantes han denunciado, es una persona que contacta a las jóvenes para “favoreces sexuales”, pero sin que las víctimas puedan decir algo.
Por lo anterior, exigieron a la BUAP a que fije una postura oficial en el caso de Itzel Oros Rosete, que el rector Alfonso Esparza Ortiz tome cartas en el asunto, antes de que se pueda generar un problema mayor.
Así como la Fiscalía General del Estado (FGE) inicie una investigación por los posibles delitos que se estén cometiendo al interior de la institución y que los funcionarios de la universidad que resulten responsables sean destituidos.
