Sólo recurrir a la SCJN pondría fin al conflicto territorial entre Puebla y Tlaxcala, reconoció Juan Carlos Morales Páez, coordinador de Proyectos Estratégicos de la Segom, pero no descartó aplicar primero una consulta ciudadana.
A pesar de que se realizan mesas de trabajo con el ayuntamiento tlaxcalteca de San Pablo del Monte, el funcionario municipal admitió que es posible que no se llegue a un convenio para acordar los límites territoriales.
En entrevista, luego de participar en la sesión de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Cabildo de Puebla -que se realizó a puerta cerrada este lunes- declaró que “no ve otra salida” más que la jurídica al conflicto territorial.
Para ello, señaló que se presentaría una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que, a partir de varios argumentos que presenten los dos ayuntamientos, sea la autoridad federal la que determine qué territorio le pertenece a cada quién.
No obstante, el funcionario de la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom) aseguró que las negociaciones con el municipio vecino continúan y se realizan con “buena relación”, aunque precisó que siempre defendiendo lo que cada quién considera que “le pertenece”.
Consulta no se realizaría de manera inmediata
Al respecto, expuso que tampoco se ha descartado la aplicación de una consulta ciudadana, como propuso el gobernador Antonio Gali Fayad, aunque esto fue rechazado por el edil de la Angelópolis, Luis Banck Serrato.
Dijo que aún se trabaja en la etapa de “reconocimiento” del territorio, por lo que desestimó que tanto la parte jurídica como la consulta se realicen de manera inmediata.
“Por el momento estamos en la identificación física y topográfica del territorio, aún no llegamos a un proyecto que se pueda presentar a la ciudadanía”, comentó.
En este sentido, añadió que la disputa involucra a tres juntas auxiliares poblanas: San Miguel Canoa, San Sebastián de Aparicio y la Resurrección, por lo que primero se “está trabajando para que tengan servicios”.
“Actualmente, las mesas no son para negociar territorio, sino para garantizar que la población no se quede sin servicios; si la se llega a un convenio se los haremos saber y si tenemos que recurrir a la Corte, también”, concluyó.
