A casi 28 años del homicidio del activista Gumaro Amaro Ramírez, las autoridades siguen dado “carpetazo” al caso, pues a la fecha se desconoce cuál es el avance de la investigación y quienes pudieron ser los probables responsables.
Así lo denunció, en rueda de prensa, su viuda María de Lourdes Ayometzi Rojas, quien reprobó el actuar del poder Judicial de Puebla, pues –dijo– al igual que otras “ejecuciones” sólo hacen caso omiso de los hechos.
Mencionó que su esposo era integrante del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo (FNLS) y crítico del entonces gobernador Mariano Piña Olaya, por lo que consideró que pudo tratarse de un homicidio político, ya que afectaba los intereses del mandatario.
Refirió que meses antes del asesinato –17 de febrero de 1989– fue amenazado de muerte, además de que fue desaparecido y encarcelado por algunos días, pero tras la presión del sector estudiantil tuvieron que liberarlo.
“Represión” no ha parado, aseguran
Aunque hasta el momento se conoce que Amaro Ramírez recibió nueve disparos frente a su domicilio en la colonia San Manuel, su conyugue detalló que en un principio se dieron varias versiones del móvil pero ninguna ha sido confirmada.
Recordó que a raíz de los hechos, en 2012 varias organizaciones sociales exigieron al Congreso local que tomara cartas en el asunto para dar con los responsables, además de que se presentó una solicitud para la Ley Contra la Desaparición Forzada, sin embargo, ninguna de las dos peticiones tuvo éxito.
Ayometzi Rojas indicó que a pesar de la muerte de su esposo, la “represión” contra su familia no ha cesado, pues constantemente han recibido “acoso”, además de que aunque tenía que haberse quedado con la plaza que tenía Amaro Ramírez, le dieron un puesto menor dentro de la preparatoria Benito Juárez.
“Él era uno de los principales opositores al gobierno de Mariano Pina Olaya por el activismo que hacía, de ahí la decisión de su ejecución extrajudicial y como es costumbre de las autoridades no tuvimos respuesta”, pronunció.
