El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos aseguró que, en lo que va de 2017, se han contado 20 casos de agresiones a periodistas en Puebla, por lo que exigió al gobierno estatal atender cada uno.
Lo anterior, mediante un comunicado, donde solicitó a las autoridades poblanas fortalecer las políticas públicas para garantizar la seguridad y la libertad de expresión de los trabajadores de la información.
Advirtió que el incremento de agresiones a los comunicadores de Puebla superó a lo registrado en los estados con altos índices de violencia, como Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz y Sinaloa.
Indicó que, de acuerdo con el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al 30 de septiembre de 2017, en Puebla se han generado 12 solicitudes de medidas cautelares admitidas, de las que siete derivaron en medidas de protección para dos mujeres y cinco hombres, de los cuales dos son defensores de derechos humanos y cinco son periodistas.
Periodistas son amenazados por denunciar
Refirió que los casos más recientes de violencia contra comunicadores fueron el de Fernando Hoyos Bravo, quien denunció recibir amenazas a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, a causa de las denuncias de corrupción que ha emitido contra algunos funcionarios del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, por lo que solicitó su incorporación al mecanismo federal de protección a periodistas.
Asimismo, Ricardo Morales Sánchez, también ha recibido amenazas por parte de funcionarios de la administración de Huejotzingo, debido a la denuncia de actos de corrupción y reclamo de rendición de cuentas contra algunos funcionarios de esa demarcación.
En tanto, trabajadores de la radio comunitaria “Hermanos Serdán”, en el municipio de Tehuacán, fueron censurados al suspenderles la transmisión de la señal de radio, en una serie de eventos propiciados desde la propia Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
Por lo anterior, la organización reitero su exigencia para que en dichos casos se realicen las investigaciones necesarias y se garantice la seguridad y libertad de expresión de los periodistas amenazados.
