La Comisión de Derechos Humanos del Senado y académicos urgieron legislar a favor de la “capacitación de policías” estatales y municipales para que estas, y no el Ejército, se encarguen de la seguridad pública, y regular la intervención de las Fuerzas Armadas.
Durante el “Conversatorio sobre Seguridad Pública y Derechos Humanos”, realizado este viernes, la perredista Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la comisión, señaló que los militares no deben hacer las tareas de la policía, aunque insistió en la necesidad de normar su actuación con la Ley de Seguridad Interior.
Argumentó que, en las zonas del país con alta presencia del crimen organizado, se precisa aún el apoyo del Ejército, pero “lo ideal sería programar un regreso” de los elementos castrenses a los cuarteles.
Respecto a la propuesta del gobierno federal para el Mando Mixto Policiaco, que busca subsanar la falta de elementos en las policías municipales, aceptó que se debe “concretar la reforma del 21 constitucional para que las corporaciones policiacas estén articuladas en los tres órdenes de gobierno”.
Seguridad Interior aumentaría violaciones a DH
En concordancia con la senadora, el priista Jesús Casillas Romero indicó que las policías estatales deben estar “capacitadas y equipadas en cualquier región de manera pareja”.
Durante las intervenciones de los académicos, el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre Espinosa, remarcó que la Ley de Seguridad Interior “incrementaría las violaciones a derechos humanos porque se ha demostrado empíricamente que el despliegue militar, lejos de reducir la violencia, incrementa los riesgos de abusos”.
Por su parte, la politóloga Denise Dresser Guerra reiteró que el Ejército no está entrenado para enfrentarse a civiles, por lo que “las policías y a las autoridades judiciales” deben asumir esta tarea “para que no vuelva a ocurrir lo de Palmarito”.
Catalina Pérez Correa González, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), coincidió con Dresser Guerra al calificar como “una situación de emergencia” que las fuerzas armadas realicen funciones que no le son propias.
Cabe recordar que, el pasado 7 de junio, activistas mexicanos acusaron ante la ONU que “ejecuciones extrajudiciales” como las de Palmarito Tochapan, Puebla, muestran que el Ejército mexicano “viola recurrentemente” los derechos humanos, por lo que pidieron “apoyo” para detener la ley de Seguridad Interior.
