En Puebla, se registraron los asesinatos de los periodistas Anabel Flores Salazar y Aurelio Cabrera Campos en 2016, así como la intimidación a la reportera de La Jornada de Oriente, Paula Carrizosa; los homicidios representaron el 15 por ciento nacional.
En su último informe anual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado mexicano a fortalecer las instancias que protegen al gremio periodístico, como la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) y esclarecer dichos casos.
Asimismo, exigió a los tres niveles de gobierno respetar la labor periodística y condenó las agresiones cometidas como represalia al ejercicio de la libertad de expresión.
Además, propuso definir una metodología única para generar y publicar estadísticas detalladas y desagregadas sobre violencia contra periodistas e investigaciones de las agresiones así como sobre las medidas de protección adoptadas.
A nivel nacional la CIDH contó 13 asesinatos y 11 agresiones de distinto tipo cometidas contra comunicadores, a los que categoriza como “personas en situación particular de vulnerabilidad”, junto con personas LGBT, mujeres, niños, adolescentes, indígenas, personas privadas de su libertad, migrantes y defensores de derechos humanos.
Casos en Puebla
Respecto a los asesinatos ocurridos, recordó primero el de Flores Salazar, reportera de El Sol de Orizaba, encontrada sin vida el 9 de febrero en una carreta del estado, después de haber había sido sustraída de su domicilio el 8 de febrero en la localidad de Orizaba, Veracruz por hombres armados.
Por su parte, Cabrera Campos, director del “El Grafico de la Sierra”, fue asesinado –relató– mientras conducía su vehículo cerca de la población de Huauchinango, al norte del estado, la noche del 14 de septiembre; en su caso, la Fiscalía poblana y la Feadle se encontrarían trabajando de manera coordinada para impulsar las investigaciones con el propósito de agotar todas las líneas de investigación, incluyendo la relativa al ejercicio de la libertad de expresión.
Finalmente, agregó que Carrioza fue intimidada por Francisco Trejo, director de la Unidad de Comunicación de Puebla, por tomar notas durante un evento en el Museo Internacional Barroco (MIB), debido a que al medio para el que labora tendría una posición crítica contra el entonces gobernador Rafael Moreno Valle.
Cabe recordar que el martes 2 de mayo, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) exigió al presidente Enrique Peña Nieto comprometerse públicamente a resolver los más de 50 casos de periodistas asesinados desde 2010 y a hacer de la seguridad del gremio una prioridad en su agenda.
