El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) exigió al presidente Enrique Peña Nieto comprometerse públicamente a resolver los más de 50 casos de periodistas asesinados desde 2010 y a hacer de la seguridad del gremio una prioridad en su agenda.
En su más reciente informe sobre México, titulado “Sin Excusa: México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos de periodistas”, la organización internacional advierte al Ejecutivo nacional que, pese la creación de instancias de protección a periodistas durante su gobierno, los crímenes contra estos se han duplicado y continúan impunes.
En este contexto, el documento señala que al gobierno federal “se le acaba el tiempo para no dejar un legado de impunidad endémica”, por lo que urge a los funcionarios federales encargados del cumplimiento de la ley que se hagan responsables de esclarecer los ataques contra la prensa en su jurisdicciones.
Asimismo, considera que falta voluntad para investigar dichos casos exhaustivamente, enjuiciar a los autores y “hacer que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley”, de forma que recomienda a la Organización de Estados Americanos (OEA) que presione al gobierno mexicano, pues la impunidad viola los acuerdos internacionales en materia de libertad de prensa.
De acuerdo con el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.
Falta vincular asesinatos con actividad periodística
En el informe, la CPJ indica que instancias gubernamentales como la Fiscalía Especial para la Atención de Deltios cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la PGR, no han logrado su objetivo, ya que pocas veces se relaciona los crímenes contra periodistas con la actividad propia de estos.
“Las condenas en los casos de asesinato de periodistas —dice— son inusuales y cuando se dictan —como en el caso de un exjefe de la policía sentenciado en marzo a una pena de cárcel de 30 años por asesinar al periodista Marcos Hernández Bautista, del estado de Oaxaca— con frecuencia se limitan al autor material, y las autoridades no logran determinar el motivo del crimen”.
Así, agrega, al no determinar un vínculo claro con la actividad periodística ni proporcionar ningún motivo de los asesinatos, la mayoría de las investigaciones continúan rodeadas de opacidad, de forma que se perpetúa un clima de impunidad que deja a los periodistas vulnerables ante ataques.
Por su parte, Carlos Lauría, uno de los autores del informe y coordinador del CPJ para la región de América, opinó que los asesinatos impunes no son problemas exclusivos de los periodistas mexicanos, sino que atentan directamente contra la democracia y la posibilidad de que las anomalías sociales se puedan debatir abiertamente.
Cabe recordar que el supuesto asesino de la periodista Miroslava Breach Velducea, muerta el 23 de marzo, fue ejecutado el 21 de abril en Chihuahua, tan sólo unas horas después de que el gobernador de este estado, Javier Corral Jurado, anunciara que las autoridades los ya lo tenían identificado.
