Tras su pesquisa sobre el retiro de un bloqueo civil en Nochixtlán, Oaxaca, por parte de la Gendarmería y la policía local, en 2016, la CNDH concluyó que a ambas autoridades se puede atribuir la muerte de al menos 3 personas por “uso excesivo de la fuerza”.
Lo anterior indicó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la recomendación 7VG/2017 dirigida ambas dependencias, donde acusó que el operativo fue un ejemplo de mala planeación y falta de capacitación de los elementos de seguridad pública, que culminó en “graves violaciones” a las garantías individuales.
En sentido, refirió que los tres enfrentamientos entre civiles y elementos policiales en las poblaciones de Nochixtlán, Huitzo y Hacienda Blanca y Viguera, fueron resultado de una inadecuada tarea de inteligencia, ya que, entre los manifestantes, se encontraban niños.
Asimismo, advirtió que “cerca de 11.75 por ciento del total de policías estatales que participaron en el operativo” no eran aptos para tomar parte en la acción, pues al menos 30 elementos pertenecían a la Banda de Guerra y personal administrativo, tenían más de 24 horas laborando o no contaban con el equipo completo”.
Dichas omisiones –remarcó— derivaron no sólo en la muerte de siete personas y lesiones físicas y psicológicas que afectaron a 453 civiles, sino en 106 elementos de la policía heridos, cuatro de ellos por arma de fuego.
