Artesanos de la zona arqueológica de Cholula exigieron la renuncia del titular de la Comisión Derechos Humanos (CDH), Adolfo López Badillo, por estar “del lado” de los ayuntamientos de San Pedro y San Andrés en la resolución a la queja que interpusieron.
En rueda de prensa, Edwin Arce Montes, representante de los artesanos, recordó que denunciaron que ambas comunas los desalojaron de su lugar de trabajo, en donde tenían más de 10 años, además de que les incautaron su mercancía sin darles un acuse de recibo.
Comentó que en la CDH les notificaron que ambos ayuntamientos habían presentado sus declaraciones, donde “negaron rotundamente” los hechos de violencia que los artesanos acusaron.
“A pesar de que las pruebas que otorgamos son verídicas, José Juan Espinosa Torres y Leoncio Paisano Arias, ediles de San Pedro y San Andrés, dicen que nosotros fuimos los que provocamos eso”.
Agregó que, además, acudieron a la CDH para solicitar una copia certificada de la queja que habían presentado, con la intención de llevarla a otras instancias como CNDH y CIDH, sin embargo esta les fue negada.
Arce Montes reiteró que la CDH “no está actuando” en su caso y, al contrario, pretende beneficiar a los ayuntamientos.
Además mencionó que hicieron llegar escritos para denunciar que no los dejan trabajar a diferentes instancias de los diferentes niveles de gobierno, y que el único en responder fue el gobernador poblano Antonio Gali Fayad, pero “mandó al secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, a arreglar la situación y él a su vez al director de Atención Ciudadana de Organizaciones Sociales del gobierno del estado, Froylan Barragán Luna”.
Sin embargo, advirtió que no negociarán con Barragán Luna porque en las pasadas pláticas les dijo que no había opción de espacio para los 43 artesanos; “antes nos había discriminado e insultado”.
De igual manera, denunció que la mercancía que les fue decomisada no les ha sido devuelta, por el ayuntamiento de San Pedro Cholula porque “no hay un papel que demuestre la pertenencia, pero es porque ellos no nos lo entregaron”, por lo que presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo, aseguró, hicieron caso omiso.
Dijo que temen por su integridad ya que no pueden acercarse al “cerrito” porque “nos sacan fotos o nos empiezan a intimidar, no podemos reinstalarnos porque llegan granaderos y grupos antimotines”.
Finalmente, expresó que, a diferencia de los grupos Quetzalcóatl y Tlachihualtepetl, que agrupan a comerciantes y no a artesanos, a ellos no se les ha ofrecido ningún espacio para reinstalarse.
Lo anterior porque “José Juan les cobra mensualidad, les vendió unos locales, los cuales eran para artesanos y los usa políticamente”.